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Observatorio Amazonia: Grupos armados ilegales y crimen organizado en el bioma amazónico occidental

Observatorio Amazonia
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Grupos armados ilegales y crimen organizado en el bioma amazónico noroccidental

El actuar de los grupos armados ilegales en la Amazonía noroccidental genera un desbalance social y ambiental que afecta desde la estructura del bosque natural (tala para el establecimiento de cultivos de uso ilícito y pistas de aterrizaje), los recursos hídricos (tala y contaminación para la minería de aluvión), los recursos bióticos (tráfico de madera, peces y otra fauna en estado de amenaza), la seguridad fitosanitaria de países (contrabando de ganado), hasta la economía (pago de extorsiones) y la integridad de las comunidades (trata de personas, especialmente mujeres y niños).

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De los 348 municipios presentes en las regiones fronterizas amazónicas, en 242 hay presencia de grupos armados ilegales, lo que corresponde al 69,5% de los territorios de la región.

Desarrollo

La ubicación estratégica, las condiciones geográficas complejas, la gran extensión territorial y la precaria presencia estatal, sumado a la riqueza ambiental de estos territorios, convierten a la Amazonía en un foco de interés y acción de las economías ilegales controladas por actores armados y redes de crimen organizado (Bernal, 2021). Tanto es así que en la actualidad, estos grupos armados se encuentran en el 69% de los 348 municipios de las fronteras amazónicas entre Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia (Bienvenidos a Amazon Underworld, 2023).

Las principales estructuras armadas que controlan los límites nacionales provienen de Colombia, Brasil y Perú. Por parte de Colombia se encuentran las disidencias de las FARC (Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PPC), el Comando Vermelho (CV), Familia o Cartel do Norte y Os Crías, y para el caso de Perú, el Neo Sendero Luminoso.

Fuente

Fuente: Adaptado de «Bienvenidos a Amazon Underworld», 2023.

Grupos armados ilegales en la Amazonía

Convenciones

  • Bioma amázónico

  • Área Natural Protegida Nacional

  • Área Natural Protegida Regional

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  • Territorios indígenas reconocidos oficialmente

  • Entidades territoriales con presencia de grupos armados ilegales

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Como se mencionó, las actividades que realizan los grupos armados ilegales afectan no solo la base natural del bioma, sino la vida e integridad de las comunidades que habitan estos territorios. Algunas de las actividades ilícitas cometidas por estos grupos en las fronteras de los países según FCDS (2023) son:

Cultivos de uso ilícito

Después de Colombia, Perú es el segundo mayor productor: en 2022 se identificaron 95.000 hectáreas, con plantaciones en la frontera con Colombia. Bolivia es el tercer mayor productor mundial de cocaína, con 30.500 hectáreas en 2021.

Procesamiento de base de coca

La estrategia Zeus (liderada por la Fuerza Aérea Colombiana) en 2023 realizó operaciones en cinco países de la región para detectar trazas ilegales. Así destruyó 38 pistas clandestinas empleadas para el transporte de cocaína, inmovilizó cuatro aeronaves e incautó 22 toneladas del alcaloide.

La estrategia Orión (encabezada por la Armada Nacional de Colombia con el apoyo de 40 países y 102 instituciones), incautó 262 toneladas de cocaína.

Minería ilegal de oro de aluvión

El Puré es uno de los ríos más impactados por esta actividad. En 2022 se registraron 278 dragas mineras operando, la mayoría de ellas en los 370 km de su lecho en territorio brasilero.

Según el Ministerio de Energía y Minas del Perú, en la región Madre de Dios se produce la mitad del oro peruano; para lograrlo, deforestan el equivalente a 2.500 campos de fútbol por mes.

Tráfico de armas

Más de 13.400 armas de fuego fueron incautadas entre los años 2013 y 2016 por las autoridades peruanas, en la frontera con Colombia y Brasil.

Mientras que, en 2023, en la operación “Trigger IX”, realizada en abril en 15 países de la región, se incautaron 8.263 armas ilícitas y algo más de 300 mil municiones.

Pesca ilegal

Esta actividad incluye la captura de especies amenazadas como el pirarucú (Arapaima gigas), tambaquí y piracatinga en los ríos Yavarí y Amazonas.

Entre 2014 y 2022, desde Perú y Brasil se exportaron cerca de 700 mil kilogramos de pirarucú.

Tráfico de fauna

En la región Andes-Amazonía entre julio y diciembre de 2022, se registraron 192 noticias sobre decomisos de fauna silvestre vertebrada viva, o de sus partes, de procedencia ilegal. Los especímenes incautados corresponden a 158 especies pertenecientes a los grupos de aves (37,3%); mamíferos (34,8%); reptiles (19,6%); anfibios (1,9%); peces y otras especies no identificadas (1,3%).

En Colombia, durante el 2022 las autoridades ambientales del Sistema Nacional Ambiental y de la Policía recuperaron más de 12.697 individuos de 434 especies de fauna silvestre.

Tráfico de madera

Durante el 2020 se incautaron 1.973 metros cúbicos de balsa en zona fronteriza de la Amazonía ecuatoriana.

Las principales especies madereras extraídas de la Amazonía peruana son cumala (Virola calophylla), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), cumaru o shihuahuaco (Dipteryx sp.), lupuna (Chorisia integrifolia) y cachimbo (Cariniana decandra Ducke).

Contrabando de combustibles

En octubre de 2022, la Marina boliviana decomisó 200 litros de gasolina en la frontera Perú-Bolivia. Las garrafas de este combustible que salen de Bolivia pueden venderse en tres veces su precio original en Perú.

Contrabando de ganado

La Federación Nacional de Ganaderos de Colombia estima que cada mes entre 700 mil y 800 mil reses son introducidas de contrabando a Colombia. Más del 30% se realiza por la frontera de Apure (Venezuela).

Trata de personas

El estudio Triple Trata de 2020 de la organización Proética encontró que Perú es el país que presentó la mayor cantidad de casos de trata de personas 2.534 entre el año 2014 y 2016 (siendo la frontera la región donde se encuentra el mayor número de casos). En el mismo periodo, Brasil reportó 408 víctimas y Colombia, 229. La mayoría fueron mujeres y niños.

Estructuras armadas y economías ilícitas en las fronteras de la Amazonía

Colombia - Perú - Ecuador

  • Disidencias de las FARC

  • Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central (COL)

  • Cultivos de uso ilícito

  • Procesamiento base

  • Tráfico de cocaína

  • Minería de oro de aluvión

  • Tráfico de armas

  • Tráfico de fauna

Colombia - Perú - Brasil

  • Disidencias de las FARC

  • Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central (COL)

  • PCC - Primeiro Comando da Capital (BR)

  • Comando Vermelho (BR)

  • Familia do Norte (BR)

  • Os Crías (BR)

  • Cultivos de uso ilícito

  • Procesamiento base

  • Tráfico de cocaína

  • Minería de oro de aluvión

  • Tráfico de armas

  • Pesca ilegal

  • Tráfico de fauna

Colombia - Brasil - Venezuela

  • Disidencias de las FARC

  • Segunda Marquetalia

  • Estado Mayor Central (COL)

  • Tráfico de cocaína

  • Minería de oro de aluvión

  • Tráfico de armas

  • Tráfico de fauna

  • Contrabando de combustible

  • Contrabando de ganado

Brasil - Perú - Bolivia

  • PCC - Primeiro Comando da Capital (BR)

  • Comando Vermelho (BR)

  • Cultivos de uso ilícito

  • Tráfico de cocaína

  • Tráfico de armas

  • Tráfico de fauna

  • Trata de personas

  • Contrabando de combustible

  • Contrabando de ganado

En los últimos años, especialmente desde 2016, en la Amazonía se han reconfigurado las estructuras armadas y las disputas entre estas por el control de las rentas extraídas de economías ilícitas y los territorios. Algunos de los hechos más significativos son:

  • El fin al pacto de no agresión entre el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho; esto llevó a una nueva ola de enfrentamientos por el control territorial en Brasil (Bienvenidos a Amazon Underworld, 2023).

  • La firma del Acuerdo de Paz en Colombia en noviembre de 2016, que permitió la salida de las FARC de los territorios amazónicos, pero que reconfiguró nuevos grupos armados al margen de la Ley.

  • El establecimiento del Arco minero del Orinoco en Venezuela, un territorio de más de 11 millones de hectáreas en donde se legalizó la extracción de oro, diamantes, coltán y otros minerales, y hoy es zona de control de guerrillas colombianas y organizaciones criminales venezolanas.

Fuente

Superficie: 111.843,70 km2

Se pueden extraer los siguientes minerales, todos clasificados como materiales estratégicos bajo control monopólico del Estado:

  • Oro, Hierro, Bauxita, Coltán, Diamante, Granito, Manganeso.

Fuente: Transparencia Venezuela, 2022.

Arco minero del Orinoco

Convenciones

  • Estado Bolívar

Áreas
  • Área 1

  • Área 2

  • Área 3

  • Área 4

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Dadas todas las circunstancias, los niveles de violencia y riesgo en la Amazonía son altos incluso, para las cifras de Latinoamérica y el Caribe. Por esta razón, en la más reciente cumbre climática de las Naciones Unidas (COP 28 realizada en 2023 en Dubai), la paz se incluyó por primera vez en la historia como un asunto de discusión para abordar los temas ambientales (International Crisis Group, 2023). Tanto así que, en 2022, en la Amazonía noroccidental ocurrieron el 29% de los homicidios de todo el mundo a pesar de representar solo el 8% de la población global. Además, 39 de 177 asesinatos de defensores ambientales en el mundo ocurrieron en la región, es decir, uno de cada cinco. Sumado a esto, Colombia ocupó el primer lugar con 60 personas asesinadas, mientras que en Brasil se presentaron 34 asesinatos (Siempre En Pie, 2023).

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No solo en la Amazonía colombiana (foto) prevalece la tala ilegal e insostenible. En Bolivia y Perú, las concesiones forestales también concentran tala selectiva.

Fuente: FCDS, 2024.

Otras causas del crecimiento y de alianzas entre estructuras armadas ilegales incluyen el incremento de la demanda global de productos con alto valor de mercado como la madera, la cocaína, la fauna, el oro y el coltán. Esto ha llevado a confrontaciones en algunos casos por el control de los negocios o articulación en eslabones de las cadenas económicas. A esto se suma que los grupos armados ilegales tienen una alta capacidad de adaptación a cambios económicos, políticos y a las condiciones de seguridad de los Estados; algunos de ellos tienen un alcance nacional y/o fronterizo y otros buscan controlar buena parte de las economías ilegales que se mueven en la región amazónica (Amazon Underworld et al., 2023).

Dentro de los riesgos que supone la presencia de estas estructuras armadas en la Amazonía a nivel ambiental se encuentra un mayor deterioro de ecosistemas estratégicos e incremento de la deforestación. Por ejemplo, Montero (2023) indica que de todos los resguardos que tienen coca en Colombia, el 28% está distribuido en tres resguardos amazónicos y el 14% lo tiene uno solo. El resguardo Nukak-Maku tiene 925 hectáreas sembradas, le siguen Villa Catalina de Puerto Rosario con 465 hectáreas y Yarinal-San Marcelino, con 431 hectáreas sembradas (FCDS, 2023).

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Minería ilegal para la extracción de oro en el Perú.

Fuente: FCDS Perú, 2024.

Economías como la minería de oro y el procesamiento de pasta base de coca generan contaminación del agua y del suelo con químicos como mercurio, acetona y gasolina (Amazon Underworld et al., 2023), los cuales tienen impactos en la salud de las poblaciones locales que consumen pescado de ríos contaminados especialmente con el mercurio. En Perú, por ejemplo, estudios han encontrado en el río Napo (en Loreto) valores entre 0,023 y 0,027 mg/L en el agua, los cuales se encuentran muy por encima de lo establecido en los estándares nacionales del Ministerio del Ambiente -MINAM (0,0001mg/L de Hg). Leer más.

En lo político, el aumento de la corrupción en la región afecta a instituciones públicas con competencia en la prevención y control de delitos ambientales. También se encuentran diferentes formas de presión a organizaciones locales con el propósito de movilizar y proteger intereses de grupos criminales, la normalización y “defensa social” de economías ilegales, debido a sus beneficios inmediatos y a la débil presencia institucional. En muchos casos también está asociada a las mismas políticas de Estado que, por ejemplo, en Colombia, promovieron durante décadas la actividad ganadera en Caquetá o la hidrocarburífera en Putumayo.

Además de esta presión, el control territorial de los actores armados genera un escenario de violencia y vulnerabilidad para las comunidades, de amenaza de los liderazgos sociales y de reclutamiento forzado de menores, el cobro de “impuestos” o extorsiones a las actividades económicas, que se acentúa con la débil presencia estatal. A esto se suma la destrucción del territorio (incluida las fuentes de agua y alimento), así como de los lugares sagrados que para los pueblos indígenas tienen significados identitarios culturales, sociales y espirituales y, que les garantizan su permanencia y pervivencia (Amazon Underworld et al., 2023).