La minería, es una de las actividades que produce mayor afectación en la Amazonía noroccidental. Por un lado, los elementos químicos utilizados para el desarrollo de la actividad, entre ellos el mercurio y el cianuro, contaminan fuentes de agua, suelos, la fauna y las comunidades locales y pueblos indígenas que dependen de estos recursos. Por otro lado, las modalidades más comunes para la explotación generan grandes impactos ambientales: a cielo abierto (comúnmente desarrolladas en Venezuela) donde se utilizan retroexcavadoras para la remoción de grandes cantidades de tierra y materiales rocosos; y la minería de aluvión (desarrollada en Colombia, Perú, Brasil y Bolivia), donde se realiza la extracción y procesamiento de arenas y gravillas que causan degradación de suelos, desviación de cuerpos de agua, deforestación, y modificación en sedimentos de los afluentes (Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible [FCDS], s/f).

Además de los impactos ambientales arriba mencionados, la minería profundiza factores de violencia social y económica, altera la salud de las comunidades donde se hacen las explotaciones, abandono de actividades económicas tradicionales y desplazamiento de poblados. Y en algunos casos, incluso, se presentan vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.

La actividad minera se clasifica en dos categorías principales: legal o ilegal. La primera abarca extracciones técnicas, sostenibles, está amparada por la normatividad de cada país y se convierte en un un título minero, esto es, una especie de contrato entre el Estado y quien realizará la actividad. Allí se le autoriza a realizar los estudios de exploración y el desarrollo de la explotación en un área determinada.

Para el caso del bioma amazónico, existen 29 mil 903 títulos mineros distribuidos entre Venezuela, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador siendo el oro, la plata, el cobre, el zinc, coltán, diamantes, hierro, piedra caliza, yeso, potasa y rocas fosfatada los minerales que más se explotan.

Y la segunda es la minería ilegal, la cual incumple las normas administrativas, técnicas, sociales y ambientales que regulan la actividad y se realiza en áreas prohibidas. De acuerdo con Camparini Gonzales et al. (2015), estas zonas se encuentran al interior o en proximidad a áreas naturales protegidas (como el Parque Nacional Natural Río Puré en Colombia, el Parque Nacional Yapacana en Venezuela o la Reserva Nacional Tambopata en Madre Dios, Perú) o territorios colectivos de pueblos indígenas (como la comunidad Kayapo en Brasil o las comunidades amerindias ubicadas a lo largo del río Beni en Bolivia).

Uno de los minerales extraídos en la Amazonía de manera ilegal es el denominado “oro negro”, también conocido como coltán, el cual está compuesto por columbita (utilizado en la construcción de cerámicas electrónicas (Riveros, 2013; Montejo, 2024)) y tantalita (común en la la fabricación de dispositivos electrónicos (Hayes y Burge, 2003)). En la actualidad, la mayor extracción ilegal encontrada hasta el momento es en la Reserva Nacional Natural Puinawai (una de las áreas protegidas más grandes de Colombia y que hace parte del Escudo de Guyanés). lo cual supone una nueva presión para el bioma amazónico.

Pese a la actual demanda de coltán, en el año 2024 se registró el precio más alto del oro en los últimos 50 años, con un valor de 2500 dólares por onza. Esto contrasta con valores como los registrados en 2015, año en el que el precio por onza llegó a los 1.069,46 dólares, lo que significa un incremento del 92%. Esto se puede relacionar con las actuales tensiones en los mercados y la incertidumbre por una posible recesión económica, contextos en los cuales el oro tiende a aumentar sus ingresos pues funciona como un valor refugio o reserva (Rodríguez, 2024).

El aumento del valor del oro tiene un impacto en las exportaciones de países en la Amazonía. En el primer semestre de 2023, Colombia presentó la exportación de minerales más alta en los últimos 14 años, con ventas de 4 mil 962 millones de dólares. El mineral que más se exportó es el carbón con el 64%, seguido por el oro (20%), coque (7 %), níquel (5 %), carbón metalúrgico (2%), esmeraldas (1%) y cobre (0,4%) (Morales Soler, 2023).

En Perú, el valor de exportaciones auríferas, en octubre de 2023, fue de $956 millones de dólares presentando un aumento del 11.2% frente al mismo mes en 2022 (Cruz, 2024). Perú presenta el mayor número de toneladas exportadas durante esos cinco años, con cerca de tres veces más toneladas que el siguiente país que es Brasil.

La Organización de Estados Americanos (OEA) rastreó el dinero que se mueve en el mercado del oro ilícito en países como Colombia, Perú y Ecuador. A pesar de las altas cifras que ya tiene Perú, el 70% de las exportaciones de este metal no se contabilizan de manera oficial y el 42% de las transacciones ilícitas tienen que ver con este mercado (OEA. Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2020). Por su parte, Venezuela reportó 3 toneladas exportadas en el 2022 pero no existe un informe periódico oficial de esos datos.

En el caso de Ecuador, su crecimiento en la producción de oro ha sido reciente pues fue hasta 2019 que se inauguró la primera mina de oro a gran escala, de la cual se calculó una producción de más de 300 mil onzas al año. El 2014 fue el año de mayores exportaciones de oro en este país con 28,573 kilogramos, una cifra que contrasta con los años recientes como 2019 en el que se exportaron 7.913 kilogramos. Dentro de los destinos a donde llegan más exportaciones de oro de la región se encuentran Estados Unidos, Canadá, Suiza, Italia y los Emiratos Árabes (OEA. Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2021).

Las limitaciones en el seguimiento y control a la extracción y exportación de oro es notoria, pues existen amplias diferencias entre las cantidades que oficialmente se producen y las que se exportan. Un ejemplo de ello se encuentra en Perú, donde la producción de oro ilegal representa al menos el 30% de la producción total. En la última década (2013-2022) la producción de oro oficial llegó a 1.294 toneladas pero las exportaciones llegaron a 3.981 toneladas. Algunas explicaciones de expertos aseguran que el oro puede ser producido de manera formal, pero en la venta y comercialización con facilidad puede entrar en flujos de minería ilegal por la falta de control de las autoridades (OjoPúblico, Red Investigativa Transfronteriza. 2022).

En el caso de Brasil, el 30% de las 158 toneladas de oro producidas desde 2021 hasta junio de 2022 tiene indicios de origen ilegal o potencialmente ilegal según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais (Meneses, 2023). También se asegura que entre 2020 y 2021 hubo un aumento del 44% en la cantidad de oro ilegal. A esto se suma que en 2021, la deforestación para la minería llegó a un punto récord de 121 km2 (lo que equivale a seis veces la extensión del principado de Mónaco), según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Y un promedio del 23% de la pérdida de bosque asociada a minería se registró al interior de reservas indígenas y áreas protegidas y de conservación ambiental (AFP, 2022).

Hasta aquí es claro el panorama de la extracción de minerales en el bioma. Ahora, haremos un breve recorrido sobre los impactos medioambientales y en la salud humana a causa de los elementos utilizados en la actividad minera ilegal.

Uno de los metales comúnmente utilizados en la extracción de oro del lecho de los ríos amazónicos es el mercurio. El vertido de este elemento genera un proceso conocido como “bioacumulación”, el cual consiste en la fijación de un contaminante en un organismo vivo. Este presenta un incremento en su concentración a medida que es consumido por otras especies. A raíz de la ingesta de distintas variedades de peces por parte de las comunidades, se registra una alta concentración de mercurio superando los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual es de 5 μg/g por exposición ambiental.

El camino que recorre el mercurio hasta ser consumido por las personas comienza cuando se extrae el sedimento de los ríos y se lava con este metal pesado para separar las partículas de oro. Lo que sobra de ese proceso se vierte al agua y se transforma en metilmercurio, el cual puede ser absorbido con mayor facilidad por microalgas, que a su vez son consumidas por peces dando inicio al proceso de bioacumulación antes mencionado (FCDS, s.f.).

La minería ilegal en el bioma, además de ser una de las actividades que genera mayores impactos al ambiente, se constituye como la más nociva en términos de salud pública. En 2016, el gobierno peruano declaró un estado de emergencia durante 60 días en la región de Madre de Dios, en la frontera con Brasil y Bolivia, debido a la exposición de las comunidades a altos niveles de mercurio. En esta zona se produce cerca del 20% del total de oro en Perú y se estima que 180 toneladas de mercurio son desechadas, luego de la extracción de oro (Abdenur et al., 2019).

Un estudio realizado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) en 2022, analizó la contaminación por mercurio en las comunidades indígenas asentadas en los ríos Madre de Dios y Beni en Bolivia, uno de los países que más importa mercurio en el mundo. Los niveles de mercurio se tomaron tanto en muestras de cabello de 302 personas, como en especies de peces. El principal hallazgo del estudio es que el 74% de las muestras analizadas presentaron niveles superiores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (CPILAP, 2023).

De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica (2024), Bolivia es el segundo mayor importador de mercurio (4,94 millones de dólares en importaciones) solo superado por Emiratos Árabes Unidos (9,57 millones de dólares en importaciones), solo entre 2017 y 2021 se duplicó la importación de mercurio desde México a Bolivia por parte de empresarios peruanos que se asentaron en La Paz, luego de la regulación del mercurio en su país.

Entre 2014 y 2022, Bolivia importó más de 1.100 toneladas de mercurio; el 70% de estas importaciones se realizó después de la firma de Minamata en 2017. El 27% de todo el mercurio importado en Bolivia se destina a la minería ilegal (Castro & Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, 2022).

Las comunidades más afectadas por la exposición al mercurio son (por encima de 10 partes por millón (ppm), lo que equivale a un miligramo por kilo): los pueblos Bora, Miraña, Ticuna, Macuna, Curripaco, Puinave y Tanimuca en Colombia (Alcala-Orozco et al., 2020) los Munduruku, Kayapó, y Yanomamis en Brasil (WWF Brasil et al.,) y el pueblo Harákmbut en Perú.

Aunque la minería ilegal no sea uno de los principales impulsores de la deforestación en el bioma amazónico, representa la principal amenaza para la salud de las comunidades locales. Es imperativo que se implementen medidas urgentes para controlar y reducir esta actividad, tanto en el ámbito local como nacional. De lo contrario, la presencia de mercurio no solo deteriorará la riqueza ecológica de los ríos y bosques amazónicos, sino que también socavará el tejido social que se ha desarrollado en torno a estos ecosistemas.