La Amazonía, reconocida por su riqueza mineral desde tiempos coloniales, ha sido escenario de una explotación persistente en la que el oro y otros metales atrajeron a colonizadores y luego a inversionistas extranjeros. En la actualidad, la minería continúa como actividad clave, alimentada por la creciente demanda de insumos esenciales para energías limpias y nuevas tecnologías, además del aumento en el valor global del oro. Esta presión sostenida sobre el territorio no solo pone en riesgo ecosistemas frágiles, sino que también afecta directamente a las comunidades que lo habitan, amenazando sus formas de subsistencia, sus expresiones culturales y su autonomía. Según el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute [WRI], 2024), desde el cambio de siglo, la minería ha aumentado en un 52 % debido a la creciente demanda global de carbón, hierro, minerales industriales y otros metales. Este crecimiento ha impulsado la expansión de la actividad hacia bosques de todo el mundo, especialmente en selvas tropicales primarias y áreas protegidas. Asimismo, se estima que el 11,5 % de la superficie terrestre ya podría estar afectada por esta actividad (World Wide Fund for Nature (WWF), Satelligence, & Adelphi., 2023).

En este contexto, la Amazonía, que alberga gran abundancia y diversidad de minerales, moviliza una dinámica económica significativa entre los países que comparten el territorio. Entre los recursos de mayor valor económico presentes en la región se encuentran oro, platino, cobre, tungsteno, coltán, roca fosfórica, niobio y sales de potasio y magnesio, entre otros. Las diferencias en el tamaño del territorio, el clima y el relieve de cada nación amazónica determinan variaciones en la distribución y disponibilidad de estos recursos (Rocha Martins, 2022).

En términos generales, la actividad minera se clasifica en tres categorías: legal, ilegal e informal. La minería legal comprende extracciones técnicas y sostenibles, amparadas por la normativa de cada país y respaldadas por títulos mineros, generalmente acompañados de licencias ambientales y sujetos a fiscalización estatal.

Para el caso del bioma amazónico, existen 29 mil 903 títulos mineros distribuidos entre Venezuela, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador siendo el oro, la plata, el cobre, el zinc, coltán, diamantes, hierro, piedra caliza, yeso, potasa y rocas fosfatada los minerales que más se explotan.

La minería ilegal, en contraste, incumple las normas administrativas, técnicas, sociales y ambientales, suele realizarse en áreas prohibidas y frecuentemente se vincula con actividades criminales. Por su parte, la minería informal está asociada principalmente a prácticas de subsistencia, tradicionales o artesanales de pequeña escala; aunque no cumple con todos los requisitos legales, no necesariamente está ligada a la criminalidad y presenta potencial de regularización.

Estos dos tipos de minería, ilegal e informal, representan un desafío crítico de seguridad y gobernabilidad para los países de la región. Su expansión ha sido facilitada por la falta de oportunidades laborales, la presencia de grupos armados, la corrupción y la limitada capacidad de los Estados, en un contexto donde el alto precio del oro en el mercado internacional impulsa la actividad. Esta economía genera rentas que, según estimaciones, alcanzan cerca de siete mil millones de dólares anuales en la región, y en países como Perú o Ecuador su valor de mercado es cada vez más relevante (La Hora, 2025). En la Amazonía, además, esta minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes hídricas por mercurio, graves afectaciones a la salud humana por bioacumulación en los ecosistemas y consolidación de economías ilícitas, convirtiéndose en una fuente clave de financiamiento para grupos armados (Ministerio de Minas y Energía, 2023).

La minería de oro ilegal no solo degrada el ambiente, sino que altea el tejido social, cultural y espiritual de las comunidades indígenas, poniendo en riesgo su salud, medios de vida y patrimonio cultural. Incluso poblaciones alejadas de las zonas mineras sufren las consecuencias de la contaminación por mercurio, que se bioacumula en los peces, base fundamental de la dieta amazónica. Además de destruir bosques y ríos, la minería ilegal rompe la relación profunda entre comunidades y naturaleza, conocida como la “salud del territorio y la gente”, amenazando su equilibrio cultural, espiritual y material. También genera violencia, reclutamiento forzado, explotación sexual y laboral, desplazamientos y debilitamiento de la autonomía y la gobernabilidad indígena. Estos impactos transforman los modos de vida tradicionales y desencadenan problemáticas como el consumo de drogas, la prostitución, la desintegración familiar y el aumento de enfermedades de transmisión sexual, entre otros (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible [FCDS] et al., 2025).

Algunos casos concretos en los que se evidencian estos impactos en comunidades indígenas del bioma amazónico noroccidental incluyen, por ejemplo, en Perú, la intoxicación por mercurio en poblaciones como la Nahua por el consumo de pescado contaminado (Centro de Documentación e Información Bolivia et al, 2024). Asimismo, en Colombia, comunidades del macroterritorio Jaguares del Yuruparí (como el resguardo Puerto Zábalo – Los Monos) han registrado niveles de mercurio en la sangre hasta cuatro veces superiores a lo permitido, a causa de la contaminación en la cuenca del río Caquetá (Sentencia T-106/25).

De igual forma, en Ecuador, los pueblos Kichwas y Huaoranis están en riesgo debido a la minería ilegal controlada por grupos armados como Los Lobos en la provincia de Napo (Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 2024). La situación es similar en Bolivia, donde la minería amenaza a los pueblos Tacana, Leco y Uchupiamonas (Lucero, 2024). Por último, en Venezuela, el pueblo Yanomami en el Arco Minero del Orinoco enfrenta un grave desplazamiento forzado y una crisis de salud pública debido a la contaminación por mercurio (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2025).

En la Amazonía noroccidental, la proliferación de dragas y balsas ilegales para la extracción de oro se ha consolidado como una de las principales amenazas socioambientales. Solo en Perú, entre 2021 y 2025 se identificaron 939 dragas activas en distintos puntos de Loreto, de las cuales 688 fueron registradas a septiembre de 2025. En provincias fronterizas como Mariscal Ramón Castilla, Putumayo y Requena, zonas clave en las dinámicas transfronterizas, la pérdida de bosque alcanzó las 167.427 hectáreas entre 2001 y 2023. El impacto se agrava si se considera que construir una draga cuesta en promedio unos US$ 10.000 y que cada una puede producir alrededor de 40 gramos de oro por día, equivalentes a unos US$ 2.000 en el mercado internacional, lo que explica la rápida expansión de esta actividad ilegal (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú, 2025).

En Ecuador, un reporte señala que la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) ha advertido sobre la existencia de campamentos de minería ilegal en 16 de las 24 provincias del país (Primicias, 2025). Por otra parte, en 2023 una operación conjunta de la Policía Federal de Brasil y el Comando Militar de la Amazonía Colombiana, registró la destrucción de 39 dragas en la región de la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia (Nieves, 2023). Adicional, un reporte realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), elaborado con una combinación de imágenes satelitales de muy alta resolución y sobrevuelos, detectó dragas y nuevos puntos de minería ilegal.

El Río Puré es el caso más grave del noroeste de la Amazonía, donde se detectaron 29 puntos de extracción sólo en noviembre de 2024. Entre marzo y abril de 2025, el monitoreo halló 27 dragas en diferentes puntos a lo largo del río (MAAP, 2025). Estas cifras muestran que la minería ilegal con dragas es un fenómeno regional, que avanza rápidamente sobre ríos transfronterizos y territorios indígenas, con graves consecuencias para la gobernanza, la salud pública y la integridad de los ecosistemas amazónicos.

Desde la crisis financiera en Estados Unidos de 2008, el precio del oro ha mostrado una tendencia alcista notable. En enero de 2008, la onza de oro se cotizaba alrededor de USD 812. Para julio de 2024, este valor alcanzó los USD 2.514, lo que representa un incremento de más del 200% en ese período. Este comportamiento se atribuye a diversos factores, entre ellos, la fluctuación del dólar estadounidense, la volatilidad de los mercados financieros, donde este es considerado un "refugio seguro" para la inversión, así como el aumento de los costos de producción debido a regulaciones ambientales, como el Convenio de Minamata, y los riesgos asociados a la explotación ilegal del metal. Además, las políticas arancelarias recientes y las tensiones geopolíticas han impulsado aún más la demanda de oro (GoldMarket, 2024), tanto es así que, en septiembre de 2025, el oro alcanzó nuevos máximos, acercándose a los USD 3.700 por onza (Goldbroker, 2025).

Las cifras nacionales de los países amazónicos reflejan la magnitud del problema del oro ilegal. En Colombia, se estima que el 85 % del metal es de origen ilícito (Procuraduría General de la Nación et al., 2024), mientras que en Brasil la cifra es del 54 % (Instituto Escolhas, 2022). Perú exporta el 44 % de su oro bajo operaciones ilegales (InSight Crime, 2024) y en Ecuador esta cifra es de 35 % (Mongabay, 2024). Por su parte, en Bolivia se calcula que el 50 % del oro extraído es ilegal (InSight Crime, 2024), y las estimaciones en Venezuela son aún más alarmantes, oscilando entre el 70 % y el 90 % (Convoca, 2024).

El mercado del oro ilícito en la región mueve grandes cantidades de dinero y tiene como destinos principales a países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Italia y los Emiratos Árabes Unidos. La falta de control sobre el oro es evidente en la discrepancia entre la producción oficial y las exportaciones (OjoPúblico, Red Investigativa Transfronteriza, 2022).

El país sudamericano que más oro de origen desconocido exporta es Perú, con una diferencia de 3.028 toneladas entre lo exportado y lo registrado como producido entre 2013 y 2023: en ese período vendió 4.402 toneladas, pero solo reportó la extracción de 1.373. Le sigue Colombia, que entre 2013 y 2023 exportó 618,7 toneladas, frente a una producción oficial de 559,81, lo que representa un desbalance de 58,91 toneladas. En Ecuador, entre 2017 y 2023, las exportaciones ascendieron a 82,1 toneladas, con un exceso de 12,73 toneladas respecto a la producción reportada, equivalente a un 18 % adicional. En Brasil y Venezuela, las cifras son menos claras por vacíos de información. Sin embargo, Brasil registró un superávit de producción sobre exportaciones de más de 34,11 toneladas entre 2015 y 2021, mientras que en Venezuela el saldo fue de más de 52,66 toneladas entre 2013 y 2023, aunque en ambos casos hay años en los que se reporta más exportación que producción (Convoca, 2024).

En cuanto a destinos, en 2022 el oro se dirigió principalmente a:

• Desde Brasil a: Canadá (33,1%), Reino Unido (16,2%), India (16%), Suiza (15,2%), Emiratos Árabes (8,7%).

• Desde Perú a: India (27,7%), Suiza (26,4%), Canadá (25,1%), Estados Unidos (11,2%), Emiratos Árabes (9%).

• Desde Colombia a: Estados Unidos (38,1%), Italia (18%), India (14,9%), Australia (6,4%), Emiratos Árabes (9%).

• Desde Ecuador a: Suiza (36,2%), Estados Unidos (36%), Emiratos Árabes (17,8%), India (6,6%), Italia (3,3%).

• Desde Venezuela a: Líbano (96,4%), Estados Unidos (3,6%).

En el ámbito global, Suiza sigue siendo el principal importador de oro, con US$ 94 mil millones en 2022, y también el mayor exportador, con US$ 101 mil millones, ya que refina el mineral y lo reexporta principalmente al Medio Oriente, India y China, donde predomina la industria de la joyería (Convoca, 2024).

El mercurio utilizado en la minería de oro proviene de depósitos aluviales o de roca dura. En los primeros, las partículas de oro requieren poco tratamiento, mientras que en los segundos es necesario triturar y moler la roca. El oro se concentra por gravitación y luego se amalgama con mercurio para formar una aleación, proceso que emplea grandes volúmenes de este metal, contaminando suelos y aguas. En la etapa final, al quemar y refinar la amalgama, el mercurio se evapora y libera vapores altamente tóxicos que afectan la salud de mineros y comunidades cercanas (O’Neill, 2017).

La amalgamación del oro con mercurio no es la única tecnología utilizada en el proceso de extracción, sin embargo, sigue siendo la más extendida. Aunque no hay cifras precisas, si hay algunas referencias que indican que los mineros artesanales utilizan entre 2 y 5 kilogramos de mercurio para extraer 1 kilogramo de oro (Crespo-López; et al, 2023 (Última Hora, 2011).

En cuanto a los seis países que comparten la Amazonía noroccidental, a septiembre de 2025 cinco han firmado y ratificado el convenio de Minamata: Colombia lo firmó en 2013 y lo ratificó en 2018; Brasil, en 2013 y lo ratificó en 2017; Ecuador, en 2013 y lo ratificó en 2016; Bolivia, en 2013 y lo ratificó en 2016; y Perú, en 2013 y lo ratificó en 2016. Venezuela es el único país de la región que no forma parte actualmente del convenio (Programa para el Medio Ambiente, s.f.).

Ninguno de los seis países de la Amazonía noroccidental produce mercurio de manera primaria. Ecuador lo prohibió en 2015 y Colombia en 2018, mientras que en Bolivia su uso en minería sigue permitido. En Perú, aunque está prohibida la extracción y producción primaria, el mercurio residual de la gran minería se exporta, y su uso en minería debe reducirse progresivamente hasta 2030 según el Decreto Supremo 017–2021-EM. En Brasil, el uso tampoco está totalmente prohibido, pero en 2024 se presentó un proyecto de ley para eliminarlo en dos años, de ser aprobado (Click Petróleo e Gas (CPG), s.f..).

En este punto es relevante destacar el papel de Bolivia, dado que la importación, comercialización y uso del mercurio son legales y no existen regulaciones específicas al respecto, lo que ha convertido al país en un centro clave de distribución de este metal en la región.

A su vez, México se ha convertido en un actor clave en el suministro de mercurio para la minería ilegal de oro en países como Bolivia, Perú y Colombia. Un informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, reveló que entre abril de 2019 y junio de 2025 se han contrabandeado unas 200 toneladas de mercurio desde minas mexicanas (ubicadas en Querétaro) hacia esos países, a través de al menos 50 cargamentos sospechosos; 37 de esos parten a Perú, 10 a Colombia y 3 a Bolivia. Estas operaciones estarían controladas en buena parte por el Cartel Jalisco Nueva Generación, generando ganancias estimadas en US$ 8.000 millones durante ese período. El mercurio se extrae en minas como Cristo Vive, El Mono, La Fe y La Peña, y es enviado oculto en cargamentos declarados como piedra o grava a puertos mexicanos antes de salir rumbo a Sudamérica (Environmental Investigation Agency [EIA], 2025).

El mercurio es un contaminante de preocupación mundial debido a sus efectos adversos en la salud humana y su persistencia en el ambiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica entre las diez sustancias químicas más preocupantes para la salud pública, ya que incluso en pequeñas cantidades puede causar graves problemas, especialmente durante el desarrollo intrauterino y la primera infancia. Su toxicidad afecta el sistema nervioso, digestivo e inmunitario, así como los pulmones, riñones, piel y ojos. Se consideran grupos de población vulnerables las embarazadas y los lactantes. En poblaciones que practican la pesca de subsistencia, se estima que entre 1,5 y 17 de cada mil niños presentan trastornos cognitivos asociados al consumo de pescado contaminado con mercurio (OMS, 2024), esta situación es aún más preocupante en contextos como el de la Amazonía noroccidental donde hay evidencias concretas de la contaminación de ríos y peces con mercurio asociado a actividades de minería ilegal.

El mercurio que llega al aire, al suelo o al agua suele estar en forma elemental o inorgánica. Cuando entra en ríos, lagos o sedimentos puede transformarse en metilmercurio, una forma mucho más tóxica que se acumula en los seres vivos y aumenta a medida que avanza en la cadena alimentaria. Por eso, los peces y mamíferos acuáticos presentan niveles más altos de contaminación que los animales terrestres, y el consumo de pescado y carne de estos animales es la principal forma en que las personas se exponen al mercurio (UN Environment Programme & Programme, 2019).

La exposición al mercurio puede causar muchos problemas de salud. Cuando es mercurio elemental, puede producir temblores, inflamación y sangrado de encías, exceso de saliva, insomnio, irritabilidad, daño en los riñones y, si se respira en grandes cantidades, dificultad para respirar, inflamación de los pulmones y problemas graves en el estómago. En el caso del metilmercurio, los efectos son aún más serios: pérdida de visión, problemas para coordinar los movimientos, temblores, pérdida de audición, dificultad para hablar, daño en la memoria, parálisis e incluso la muerte en casos graves. También puede afectar a los bebés durante el embarazo, causando retrasos en el desarrollo y problemas en el aprendizaje y los movimientos. La minería también implica otros riesgos para la salud debido a la exposición a diversos agentes químicos, biológicos, biomecánicos, físicos y sociales (World Health Organization, 2016).

En 2016, por ejemplo, el gobierno peruano declaró un estado de emergencia durante 60 días en la región de Madre de Dios, en la frontera con Brasil y Bolivia, debido a la exposición de las comunidades a altos niveles de mercurio. En esta zona se produce cerca del 20 % del total de oro en Perú y se estima que 180 toneladas de mercurio son desechadas luego de la extracción de oro (Abdenur et al., 2019), esto equivaldría arrojar a cien automóviles compactos a fuentes hídricas como ríos y quebradas.

En el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, en Colombia, se detectaron concentraciones de mercurio en el cabello de los habitantes de hasta 22,98 μg/g, muy por encima de los límites de referencia internacional. A partir de estos hallazgos, la Secretaría del Convenio de Minamata publicó el documento “El mercurio y la igualdad de género”, en el que resalta, entre otros aspectos, que el 50 % de las mujeres en edad reproductiva en esta zona corren el riesgo de tener hijos con una reducción de hasta cuatro puntos en su coeficiente intelectual debido a los elevados niveles de exposición al mercurio (Convenio de Minamata sobre el Mercurio & Programa para el Medio Ambiente, 2023).

Un estudio realizado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) en 2022, analizó la contaminación por el metal líquido en las comunidades indígenas asentadas en los ríos Madre de Dios y Beni en Bolivia, uno de los países que más importa mercurio en el mundo. Los niveles de este se tomaron tanto en muestras de cabello de 302 personas, como en especies de peces. El principal hallazgo del estudio es que el 74 % de las muestras analizadas presentaron niveles superiores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (CPILAP, 2023), es decir, que por lo menos esta proporción de personas estaría expuesta a sufrir enfermedades graves como trastornos neurológicos, del sistema digestivo, problemas del sistema renal, dermatológicos y respiratorios, o reproductivos y otros.

Como se ha presentado en esta ficha, la minería ilegal e informal en el bioma amazónico noroccidental se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud pública, la seguridad y la gobernanza de la región. Sus impactos trascienden fronteras, afectando ecosistemas únicos y a pueblos indígenas que dependen directamente de ellos para su supervivencia. Frente a la magnitud del problema, que involucra redes criminales, flujos transnacionales de oro y mercurio, y la consolidación de economías ilícitas, se requieren respuestas coordinadas entre los países amazónicos, mayor presencia y control estatal y mecanismos efectivos de cooperación internacional. Solo mediante un abordaje integral que combine políticas públicas sólidas, alternativas económicas sostenibles y el respeto a los derechos de las comunidades locales será posible frenar la expansión de esta actividad y proteger la integridad del bioma amazónico y de quienes lo habitan.