En la Amazonía occidental la ganadería es una de las actividades económicas que genera mayores impactos sociales y ambientales. Entre 1985 y 2022, tres de cada cuatro hectáreas se han transformado en pastizales en el bioma amazónico, lo que convierte a la ganadería en el principal factor de pérdida de vegetación en la región. Esto lo reveló un estudio de MapBiomas Amazonía (2024) en el que también se encontró que de las 86 millones de hectáreas de vegetación natural eliminadas en este territorio, 66,5 millones fueron destinadas a pastos, correspondiente al 77% de la superficie transformada.

En los dos países de la región donde esta actividad se presenta a gran escala -Brasil y Colombia- se identifican dos procesos asociados a los conflictos por la tierra: acaparamiento y apropiación, este último, principalmente en territorios colectivos y áreas naturales protegidas. Estas zonas son propicias para la cría, levante y ceba del ganado para luego ser legalizadas en áreas aptas para la ganadería y comercializadas en ferias ganaderas, lo cual elude los sistemas de control; esta dinámica es conocida como blanqueamiento de ganado. Con el fin de asegurar la transparencia en toda la cadena de suministro, los países trabajan en la creación y/o fortalecimiento de los procesos de trazabilidad para garantizar la legalidad de la cadena de producción.

Una de las principales razones por las cuales la actividad ganadera es ampliamente desarrollada en los países amazónicos, es la garantía económica, esto se refiere a la facilidad para la movilización, comercialización y rápido retorno de la inversión. Esto contrasta con otras actividades productivas que se ven impactadas por enfermedades, variaciones climáticas o por el requerimiento de grandes capitales en materia de infraestructura para su desarrollo.

El número de cabezas de ganado por hectárea varía de acuerdo con la zona, el estado de lluvias, tipo de forraje, suplementación, edad y peso del animal. En fincas tradicionales del trópico bajo de Colombia por ejemplo, se encuentra entre 1.5 y 1.8 bovinos adultos de 400 a 450 kilos por hectárea (Contexto Ganadero, 2022) Precisamente, Brasil se ubica como el país con mayor hato bovino en el mundo con 234 millones de cabezas de ganado, a su vez, Colombia se posiciona dentro de los 13 mayores productores del mundo (29,6 millones) superando las cifras de hato bovino de Asia occidental (27,8 millones) y el cuarto productor de América Latina y el Caribe, siendo superado solamente por Argentina (54,24 millones), México (36,34 millones) y Brasil (FAO, 2023).

Colombia presenta el mayor aumento de cabezas de ganado bovino por encima del promedio de la región: en solo un año, entre 2016 y 2017, el hato creció casi un 8%, lo que coincide con un momento coyuntural del país relacionado con la salida de las ex Farc de los territorios tras la firma del Acuerdo de Paz con el gobierno nacional. La cifra más alta para Colombia se registró en 2021 con un aumento del 30%. En este mismo año, Bolivia mantuvo un aumento constante hasta llegar al 16% . Por su parte, Perú y Brasil han mantenido un incremento moderado constante alcanzando en ese año, un 4,4% y 5,4% respectivamente. Este último, registró el mayor número de cabezas vacunas (224.6 millones de ejemplares) convirtiéndose en el mayor productor en la región (Gerencia Corporativa de Analítica y Estudios Económicos, 2023) Por otra parte, Venezuela es el único país que presentó un decrecimiento en el número de cabezas de ganado, en especial, entre el 2017 y 2018.

Según la plataforma Global Product Prices (2023), un kilo de carne de res proveniente del bioma amazónico (Brasil, Colombia, Perú y Ecuador), costaba en promedio 8.8 dólares, siendo Bolivia el país con el precio más bajo - 7.23 dólares- y Brasil con el precio más alto con 9.56 dólares por kilo (Prices of Goods and Services, 2023).

Estos costos contrastan con otros países en el ámbito mundial como China, en donde el precio del kilogramo llegó a los USD 18,12. En otras palabras, el precio del kilo de carne de los países amazónicos es 60% más barato que el de China, USA y Canadá. El valor de la tierra a causa de la deforestación y praderización explica esta variación pues hace rentable la producción ganadera. Por ejemplo, en el arco de deforestación colombiano una hectárea de tierra de bosque solo cuesta 55 dólares y deforestarla y praderizarla cuesta alrededor de 450 dólares (FCDS, 2023).

Pese a los esfuerzos de protección de la Amazonía, las dinámicas del mercado mundial influyen en que los países en desarrollo de la región apuesten en su participación para mejorar sus condiciones económicas Un ejemplo de ello son los costos de la carne fijados por los flujos de importación y exportación. Según el Observatorio de Complejidad Económica (2024), se importaron 38´921.816 mil millones de dólares en el mundo por cuenta de los cárnicos solo en 2022. El principal comprador es China con el 43,9% del tamaño total del mercado, le siguen Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. El principal exportador de cárnicos es Brasil con una participación del 28,3% y Colombia le apuesta a abrirse en el mercado con las primeras ventas de carne hacia China. El inicio de este primer envío de 55 toneladas representa un potencial para el sector ganadero colombiano dado que las estimaciones en las transacciones podrían alcanzar hasta 50 mil toneladas anuales, lo que incrementaría la economía nacional (CONtexto Ganadero, 2024).

Si bien es cierto que la ganadería no es una actividad ilegal, sí tiene restricciones para su desarrollo al interior de determinadas figuras de protección ambiental, así como en territorialidades indígenas. Pese a ello, esta actividad ha sido un eslabón importante en la economía de distintos países sudamericanos, incluidos aquellos que conforman la Amazonía occidental. Aunque existen múltiples esfuerzos orientados a restringir la importación de carne o bovinos provenientes de zonas deforestadas, las limitaciones en los controles por la deficiencia en los sistemas de trazabilidad en los países productores, no ha permitido que dichos esfuerzos presenten resultados favorables en materia de prevención de la deforestación a lo largo de la cadena de producción pecuaria.