La Amazonía noroccidental es un territorio en dónde, además de efectuarse exploración y explotación de hidrocarburos, se adelantan una serie de actividades legales e ilegales. El área total reservada de la Amazonía occidental, para petróleo y gas, ha aumentado de 150 mil km² desde 2008, lo que ahora representa más de 730  mil km² —un área del tamaño de Chile—. Es decir que el 8,6% del bioma amazónico está ocupado por hidrocarburos con un total de 173 áreas de exploración y/o explotación (Hance, 2015).

En la actualidad, Perú es el país de la Amazonía noroccidental que cuenta con más áreas petroleras en explotación, exploración, con potencial o en solicitud (71 áreas), seguido por Ecuador (49 áreas) y Bolivia (24 áreas). En Bolivia, estas solo representan el 5,8% del territorio nacional mientras que en Ecuador es el 23,3% y allí se presenta una alta concentración de bloques o zonas que ya están en explotación. El área total de bloques presentes en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia suma 41 millones 634 mil 235 hectáreas.

Estos proyectos muchas veces se establecen dentro de áreas protegidas y territorios ancestrales indígenas. En relación con las áreas protegidas analizadas, se encuentra que al menos 63 presentan traslapes parciales o totales con bloques de hidrocarburos. A esto se suma que en ese momento, el 37% de los territorios indígenas de la región presentaban cerca de 500 contratos para la explotación de minerales e hidrocarburos (World Wildlife Foundation, 2016).

En la actualidad, existen 2.897 km de oleoductos en la región que cruzan 65 reservas naturales y 140 territorios indígenas. En un análisis de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) se encontró que 1647 territorios indígenas y 52 áreas protegidas son afectadas por hidrocarburos en 4 países: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Vélez, 2022).

La presencia de actividad petrolera cercana a comunidades indígenas también ha significado un aumento del riesgo y de las conflictividades sociales a causa de los intereses que genera el crudo para diversos actores (tanto legales como ilegales).

Esta situación se acentúa en las zonas fronterizas en donde actores armados ilegales se disputan el control de las economías y los territorios. Un ejemplo de ello es la cuenca del Putumayo que se ha configurado como una zona de conflictividad, allí aumentó el área con presencia de cultivos de uso ilícito y de explotaciones activas de hidrocarburos. Desde la Defensoría del Pueblo de Perú se afirma que más del 20% de los conflictos sociales del país se relacionan con actividades de hidrocarburos (Mongabay Latam, 2022).

Además de la conflictividad que puede generar la presencia de las zonas de exploración y/o explotación, la actividad petrolera también ha generado unos impactos ambientales y sociales que se han documentado y denunciado por parte de las comunidades indígenas. La investigación Manchados por el petróleo reveló que en los últimos años, se han abierto 282 procesos sancionatorios contra empresas petroleras solo en Perú y Colombia. En el caso peruano se trata de 143 casos que involucran a 16 empresas y en el colombiano, son 139 casos vinculados con 56 compañías (Mongabay Latam, 2022).

Dentro de los impactos ambientales y en salud más notorios se encuentran los derrames de crudo. En la actualidad se han reportado tres mil derrames en la región. Un estudio de Oxfam (León & Zuñiga, 2020) señaló que entre el 2000 y el 2019, en la Amazonía peruana ocurrieron 474. También es conocido el caso de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que causaron un derrame en el río Coca, lo que generó graves impactos en las comunidades Kichwa de Ecuador (Mongabay Latam, 2020).

Algunos de los impactos sociales que pueden generar el vertimiento de hidrocarburos en las comunidades son los riesgos para la salud, la seguridad alimentaria, la reducción del acceso al agua y la falta de atención médica especializada que atienda estos casos, entre otros (Manrique, Martínez, & Parra, 2019). Entre tanto, dentro de los desechos tóxicos que dejan los derrames en el agua, el suelo y la vegetación se han encontrado elementos como cadmio, mercurio, plomo, cromato, baritina, cloruro de potasio, níquel y cobre, dentro de otros que son consumidos diariamente por las poblaciones aledañas (Amazon Watch, 2020).

Los debates sobre la transición energética en el mundo han cuestionado la necesidad de seguir explorando y explotando petróleo en la Amazonía. Desde el gobierno de Gustavo Petro en Colombia (2022-2026) ha ocurrido una reducción del 79% de las áreas de exploración y/o explotación ofertadas en el país en el último año. Sin embargo, los gobiernos de la región no tienen posturas unificadas, especialmente entre Colombia y Brasil. Mientras que en el primero, la postura es la estabilización y limitación para la entrega de nuevos bloques de hidrocarburos en el bioma amazónico, el discurso y las acciones en el segundo -Brasil- van en otra vía (Monsalve, 2024) pues luego de la cumbre del COP 28 (noviembre de 2023) y de la firma de compromisos para la protección de la Amazonía, Brasil subastó más 602 áreas de exploración y/o explotación o bloques de petróleo en diciembre de ese mismo año (Galarraga Gortázar, 2023).

El 9 de agosto de 2023 se firmó la Declaración de Belém en la que ocho países panamazónicos (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela los cuales integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica - OTCA) se comprometieron con la defensa y desarrollo sostenible de la Amazonía y la lucha contra la deforestación. Sin embargo, en este documento no se menciona la palabra petróleo, solo hace referencia a que la explotación de hidrocarburos se haga de manera sostenible.

De todas formas, las comunidades afectadas de la región por años se han movilizado y han tomado acciones en contra de la expansión del crudo. Un caso reciente es el del Parque Nacional Yasuní, el área protegida más grande de Ecuador que, en agosto de 2023, con un 58% de votos a favor, ganó un referendo en el que se prohíbe explotar petróleo en esta área (Lizarazo, 2023).