La Amazonía occidental es un territorio en dónde se realiza exploración y explotación de combustibles fósiles y de actividades relacionadas a esto de forma legal e ilegal. Actualmente, el 8,6% del bioma amazónico está ocupado por hidrocarburos con un total de 173 bloques. En una década, entre 2012 y 2022 hubo un aumento del 38% de los bloques en la región que pasaron de 327 a 451. Adicionalmente, existen 30 millones de hectáreas potenciales de explotación o en exploración en la región.

En la actualidad, el país de la Amazonía occidental con más bloques petroleros en explotación, exploración, con potencial o en solicitud es Perú (71 bloques), seguido por Ecuador (57 bloques) y Bolivia (54 bloques). En Bolivia, estos solo representan el 1,4% del territorio nacional mientras que en Ecuador es el 51,5% y allí se presenta una alta concentración de bloques que ya están en explotación. El área total de bloques presentes en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia suma 496.563 has.

Estos proyectos muchas veces se establecen dentro de áreas protegidas y territorios ancestrales indígenas. Un estudio de 2016 encontró que de 439 áreas protegidas analizadas, más de la mitad tenía traslapes parciales o totales con concesiones mineras. A esto se suma que en ese momento, el 37% de los territorios indígenas de la región presentaban cerca de 500 contratos para la explotación de minerales e hidrocarburos. En la actualidad existen 2.897 km de oleoductos en la región que cruzan 65 reservas naturales y 140 territorios indígenas. En un análisis de la Red Amazónico de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) se encontró que 1647 territorios indígenas y 52 áreas protegidas son afectadas por hidrocarburos solo en 4 países: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

La presencia de actividad petrolera cercana a comunidades indígenas también ha significado un aumento del riesgo y de las conflictividades sociales a causa de los intereses que genera el crudo para diversos actores, legales e ilegales. Esta situación se acentúa en las zonas fronterizas en donde actores armados ilegales se disputan el control de las economías y los territorios. Un ejemplo de ello es la Cuenca del Putumayo que se ha configurado como un clúster de conflictividad con presencia de grupos al margen de la ley, aumento en los cultivos de uso ilícito y explotaciones activas de hidrocarburos. Desde la Defensoría del Pueblo de Perú se afirma que más del 20% de los conflictos sociales del país se relacionan con actividades de hidrocarburos.

Además de la conflictividad que puede generar la presencia de bloques, la actividad petrolera también ha generado unos impactos ambientales y sociales que se han documentado y denunciado por parte de las comunidades indígenas. La investigación Manchados por el petróleo reveló que en los últimos años, se han abierto 282 procesos sancionatorios contra empresas petroleras solo en Perú y Colombia. En el caso peruano se trata de 143 casos que involucran a 16 empresas y en el colombiano, son 139 casos vinculados con 56 compañías.

Dentro de los impactos ambientales y en salud más notorios se encuentran los derrames de crudo. En la actualidad se han reportado 3000 derrames en la región. Un estudio de Oxfam señaló que entre el 2000 y el 2019, en la Amazonía peruana ocurrieron 474 derrames. También es conocido el caso de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que causaron un derrame en el río Coca, lo que generó graves impactos en las comunidades Kichwa de Ecuador.

Algunos de los impactos sociales que pueden generar los derrames de crudo en las comunidades son los riesgos para la salud y la seguridad alimentaria y la falta de atención médica especializada que atienda estos casos, entre otros. Dentro de los desechos tóxicos que dejan los derrames en el agua, el suelo y la vegetación se han encontrado elementos como cadmio, mercurio, plomo, cromato, baritina, cloruro de potasio, níquel y cobre, dentro de otros que son consumidos diariamente por las poblaciones aledañas.

Los debates sobre la transición energética en el mundo han cuestionado la necesidad de seguir explorando y explotando petróleo en la Amazonía. Desde el gobierno de Gustavo Petro ha ocurrido una reducción del 79% de los bloques ofertados en Colombia en el último año. Sin embargo, los gobiernos de la región no tienen posturas unificadas, especialmente entre Colombia y Brasil. Mientras que la postura de Petro es a favor de dejar de producir petróleo, gas y carbón y de reducir la frontera petrolera, el discurso y las acciones del gobierno de Lula da Silva van en otra vía pues luego de la última cumbre del COP 28 (noviembre de 2023) y de la firma de compromisos para la protección de la Amazonía, Brasil subastó más 602 bloques de petróleo en diciembre de ese mismo año.

El 9 de agosto de 2023 se firmó la Declaración de Belém en la que países panamazónicos se comprometieron con la defensa y desarrollo sostenible de la Amazonía y la lucha contra la deforestación. Sin embargo, en este documento no se menciona la palabra petróleo, solo se hace mención de que la explotación de hidrocarburos se haga de manera sostenible. De todas formas, las comunidades afectadas de la región por años se han movilizado y han tomado acciones en contra de la expansión del crudo. Un caso reciente es el del Parque Nacional Yasuní, el área protegida más grande de Ecuador que, en agosto de 2023, con un 58% de votos a favor, ganó un referendo en el que se prohíbe explotar petróleo en esta área.