En el bioma amazónico colombiano, la minería se realiza tanto de manera legal como ilegal. La primera cuenta con permisos técnicos y/o ambientales tales como licencias ambientales, planes de manejo, entre otros, y está amparada por la Ley 685 de 2001 (Código de minas). A menudo, esta actividad implica riesgos para la naturaleza, los pueblos indígenas y las comunidades locales. La segunda – la minería ilegal- opera al margen de la ley, sin ningún tipo de regulación y promueve prácticas destructivas que causan daños significativos en términos sociales y ambientales.

Específicamente, para el caso de la Amazonía colombiana, la extracción de minerales no es homogénea y varía de un departamento a otro. La mayoría de las actividades mineras buscan extraer minerales (como el cadmio, cobalto, estaño, molibdeno, entre otros) y piedras preciosas o semipreciosas (oro y platino), metales base (cobre), metales de la industria del acero (hierro), metales especiales (coltán -columbita y tantalita) y minerales industriales (roca fosfórica, sales de potasio, magnesio). Y en las áreas estratégicas se concentra en la extracción de oro, niobio, tantalio, circonio, hierro, platino, estaño, diamantes, cobre, uranio y titanio (Resolución 18-0102, 2012; Resolución 0045, 2012).

El territorio amazónico en Colombia se caracteriza por la riqueza variada de sus recursos minerales, es por ello que cuenta con una alta demanda para su explotación. Solo las solicitudes de títulos mineros para la explotación de cobre, molibdeno, aluminio, antimonio, circonio, cobalto, cromo y oro superan las 500. Estas comprenden 469.545 hectáreas, concentradas principalmente en Guainía (201.643 ha) y Putumayo (117.975 ha) (Agencia Nacional Minera, 2023).

Estas solicitudes se suman a los títulos ya adjudicados que llegan a 237 con una extensión total de 143.214 hectáreas. La mayor proporción se encuentra en Guainía (96.476 ha, equivalente al 1.3% del área total del departamento), seguido de Vaupés (14.484 ha), Putumayo (11.238 ha) y Guaviare (6.335 ha) (Agencia Nacional Minera [ANM], 2023). Los elementos predominantes que son extraídos incluyen arenas y arcillas en todos los departamentos, y metales como el oro y otros como el molibdeno, la plata y sus concentrados (Ibidem).

Como se mencionó con anterioridad, la explotación minera se presenta de manera diferenciada en los departamentos de la Amazonía colombiana. De acuerdo con Rozo (2022), para el caso de Guainía, este se constituyó en un territorio minero a partir de iniciativas oficiales como el Proyecto Minero del Guainía en la serranía del Naquén (minería de socavón) el cual fue liderado por el Ministerio de Minas y Energía y coordinado por Ecopetrol en 1987. Desde este periodo comienza a ser notoria la relación existente entre la exploración estatal con minería informal realizada por colonos e indígenas puinaves de la cuenca media del río Inírida. Con el paso del tiempo y los diferentes proyectos ejecutados en la región por instituciones gubernamentales, los mineros informales pasaron a ser sujetos activos dentro de la minería formal.

Una década después, hacia finales de los 90 y comienzos del 2000, con el cierre del Proyecto Minero de Guainía aparecen nuevas iniciativas. Algunas se formalizan bajo las figuras de Zonas Mineras Indígenas (definida en el artículo 122 del Código de Minas) y otras continúan operando bajo la ilegalidad.

Precisamente, así se da la llegada de los “garimpeiros” (mineros informales de Brasil) al Guainía quienes comienzan a extraer oro en la cuenca media y alta del río Inírida (Rozo, 2022). Y con ellos se abre paso a la explotación de oro de aluvión con balsas y minidragas y con la utilización del mercurio para separar el metal del sedimento y rocas.

Este antecedente ayuda a comprender el comportamiento de la actividad ilegal en la región en la actualidad. Esta modalidad de minería se desarrolla en tres etapas principales: extracción, transporte y transformación/comercialización. En cuanto a la extracción, se presenta de manera distinta por departamento. Mientras que en otras regiones del país la extracción del metal se realiza en tierra, en la Amazonía colombiana se lleva a cabo principalmente en los lechos de los ríos.

Para esta actividad, se utilizan cuatro tipos de infraestructura: bicollato, balsa con buzo, balsa con molinete y draga hidráulica.

Entre 2020 y 2022, el número de dragas en el río Puré aumentó en 332 unidades, comprendiendo un incremento de aproximadamente el 270% sólo entre el 2021 y 2022.

El Puré no es el único río amazónico afectado por esta actividad. También están: el Caquetá, Apaporis, Putumayo, Cotuhé, Purité, Inírida, Guainía e Isana; caracterizados por compartir frontera con países como Brasil, Perú y Venezuela los cuales también atraviesan procesos álgidos de minería ilegal de oro de aluvión.

Diferentes entidades, incluyendo la Fundación Conservación y Desarrollo (FCDS), han realizado sobrevuelos en la Amazonía colombiana, especialmente en Guainía, Vaupés, Amazonas y Putumayo en los cuales se han reportado centenares de focos de extracción ilegal de oro a lo largo de los ríos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (UNODC por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Minas y Energía generan alertas anuales sobre el impacto de la contaminación en los ríos por la minería ilegal a través del SAI-EVOA (Sistema de Acceso a la Información - Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión) sobre los diez ríos más afectados. En 2022, estas entidades reportaron una densidad alta y muy alta de la actividad ilícita en los ríos Putumayo, Puré, Caquetá, Negro, Inírida, Apaporis, Cotuhé, Guainía, Yarí y Atabapo.

Además del oro, también se ha registrado actividad de minería a cielo abierto de coltán en la Reserva Nacional Natural Puinawai, para la cual se emplean bicollatos, retroexcavadoras y grandes mangueras para el lavado del suelo. Esta actividad resulta en deforestación, degradación de suelos, alteración de la calidad de cuerpos y desviación o pérdida de cursos naturales de agua (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC y Ministerio de Minas y Energía, 2022).

La Amazonía cuenta con más de 10 mil hectáreas adjudicadas con títulos mineros en territorios de la Reserva Forestal de la Ley 2° (10.573 ha), de resguardos indígenas (99.700 ha) y ​​del Sistema de Parques Nacionales Naturales - PNN (Agencia Nacional Minera, 2023). Por otra parte, también hay reportes de minería ilegal en seis áreas naturales protegidas, entre ellas el PNN Amacayacu, PNN Cahuinarí y PNN Río Puré, y en 16 territorios indígenas (Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro [Alianza IMO], 2021). Esto, a pesar de la prohibición de explotación en zonas de reserva contempladas en la Ley 685 de 2001.

Después de la extracción, la segunda etapa de la minería ilegal es el transporte. Como se indicó, el movimiento de las operaciones del oro se realiza a través de los ríos, en especial, por el Caquetá hasta Tefé en Brasil. Y sale de la región Amazónica por vía aérea, lo que dificulta su incautación (Infoamazonía et al., 2021).

El crecimiento de la explotación ilegal guarda una estrecha relación con el incremento de los precios del oro, lo que nos lleva a la tercera etapa: la transformación/comercialización.

La contaminación por mercurio guarda una relación estrecha con el desarrollo de minería ilegal de oro. Este elemento químico se adhiere al oro y forma una amalgama que facilita su separación de la roca, arena u otro material. Luego, los mineros calientan la amalgama para que se evapore el mercurio y quede el oro libre (FCDS, 2023) La contaminación por este metal sucede cuando entra en los ecosistemas acuáticos y se convierte en metilmercurio, el cual es acumulado por organismos que allí se encuentran (como peces) y luego biomagnificado a través de la cadena alimenticia. El consumir peces u otros organismos contaminados tiene efectos muy nocivos en la vida de las personas.

En peces amazónicos se han encontrado concentraciones de mercurio muy por encima del límite permisible de 0,5 mg/kg, establecido por la OMS (Resolución 2115 del 22 de junio de 2007 del Ministerio de la Protección y MAVDT). Las alarmas se encienden porque, las comunidades consumen estos peces que exceden los valores máximos permitidos, entre los que se encuentran el tucunaré (Cichla monoculus) con 1,6 mg/kg, el bocón o jura jura (Ageneiosus inermis) con 1,3 mg/kg, el capaz (Platynematichthys notatus) con 1,1 mg/kg, y el mota (Calophysus macropterus) con 0,93 mg/kg (FCDS, 2023).

La intoxicación por mercurio, conocida como la enfermedad de Minamata, genera daños neurológicos, tales como ataxia, tremor, parestesias, parálisis cerebral, disminución de capacidad visual y auditiva, y alteraciones cardiovasculares, entre otros (FCDS, 2023). La alerta en la Amazonía colombiana radica en que se han identificado niveles altos de mercurio en el cabello (por encima de 1 mg/kg) y en la sangre (más de 5 μg/lt) de personas que habitan en los departamentos de Guainía, Vaupés, Amazonas y Putumayo, así como en las riberas del río Caquetá.

Asimismo, se reportan altas concentraciones del metal en habitantes de las comunidades de las organizaciones indígenas PANI, CIMTAR, ACIYA y ACITAVA que exceden los umbrales de la OMS (0,5 mg/kg) en el 94, 93 y 84 % respectivamente (PNN, 2018).

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para la Región Andina y el Cono Sur, en su informe del SAI-EVOA dio cuenta de un incremento del 73% de la explotación ilegal en 2022, es decir, un aumento de 5.000 hectáreas más que en 2021. Lo que a su vez redunda en el incremento de la actividad minera en un 11% especialmente en Caquetá y Putumayo.

De acuerdo con el informe, la ilegalidad persiste porque los grupos armados, atraídos por la alta rentabilidad del oro en el mercado internacional, refuerzan su control en estas zonas y buscan sacar provecho de las ganancias de esta actividad. De esta manera, sumado a la explotación, confluyen delitos como el lavado de activos, la corrupción y la trata de personas.

Este panorama tiende a crecer con el avance de los grupos armados ilegales, pues el 52% de los territorios de protección especial o excluibles de minería cuentan con extracciones y de estos, el 88% corresponde a territorios étnicos, generando mayores afectaciones en temas ambientales y de salud.