

Las áreas protegidas, sin presencia institucional por amenazas a sus funcionarios y por marginación histórica, son blanco de explotación por diversos actores y grupos armados ilegales. Esto propicia actividades como extracción de madera, comercio de fauna, ganadería, minería ilegal y cultivos ilícitos, ante la falta de control gubernamental.

Más de 130 mil ejemplares de fauna silvestre fueron capturados entre 2005 y 2009, y más de 12.697 ejemplares de 434 especies, incluyendo tortugas, iguanas, periquitos, loras, cotorras, primates, ranas y peces ornamentales, en 2022.
Desarrollo
En los territorios de la Amazonía colombiana existe una relación entre la pérdida de bosques naturales, la intensificación de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y la violencia, en un contexto de poca gobernanza y alta informalidad. Después de la ratificación del tratado de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, se produjo un aumento en las cifras de deforestación en la región. A la par, los sectores agroindustrial y extractivista encontraron nuevas oportunidades para apropiarse de tierras que por décadas estuvieron fuera de su alcance como resultado de la salida de este grupo al margen de la ley (Environmental Investigation Agency, 2019).
En la actualidad, el Estado Mayor Central (EMC) ha fortalecido su influencia y dominio en este territorio, especialmente en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá. Otros grupos armados, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) / Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la Segunda Marquetalia (SM), también están presentes. En los últimos tiempos, también se han observado indicios de la existencia de organizaciones paramilitares en el sur del Meta.
Nota
Fuente: Elaboración propia de la FCDS (2024) con datos IGAC (2023) - Mindefensa (2023) - BRAM EBUS (2023) - Centro de Memoria Histórica (2022).
Presencia de actores armados ilegales en la Amazonía colombiana
Convenciones
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Bioma amázónico
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Áreas protegidas SPNN
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Ley 2da. de 1959
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Límite municipal
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Resguardos indígenas
Grupos armados
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Autodefensas Gaitanista de Colombia (AGC)
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Ejército de Liberación Nacional (ELN)
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Disidencias - Estado Mayor Central (EMC)
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Disidencias - Segunda Marquetalia (SM)
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Otros grupos
Registro manifestaciones de conflicto
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< 50
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50 - 250
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251 - 500
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501 - 1000
-
> 1000




















En esta región, las manifestaciones de violencia se clasifican en seis categorías: agresiones bélicas, homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, actos terroristas y ataques a la población. Más de 27 mil casos y 33 mil víctimas se registraron en estas seis modalidades entre 1990 y 2023, según los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Fuente
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2024).
Fuente
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2024).
Fuente
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2024).
Fuente
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2024).
Fuente
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2024).
Fuente
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2024).
Conflicto armado en áreas protegidas
Los Parques Nacionales Naturales han estado en el centro de la guerra durante décadas. Muchos de ellos no tienen presencia institucional o son intransitables debido a las imposiciones establecidas por diferentes grupos al margen de la ley. En la actualidad, la violencia genera la pérdida de gobernabilidad sobre las áreas protegidas, lo que facilita el aumento de las actividades ilícitas y amenazas directas a las personas que trabajan en las mismas.

Mensajes de las FARC-EP en 2010 para restringir la actividad pesquera en ríos del bioma.
Fuente: Botero-García et al, 2019.
Precisamente, en febrero de 2020, miembros de las disidencias de las FARC-EP se reunieron con funcionarios de la Unidad de Parques Nacionales Naturales en el PNN Cahuinarí donde impusieron restricciones a los guardaparques, impidiendo su trabajo y limitando el acceso a esta área. Confiscaron además, equipos y recursos de la entidad (Lizarazo, 2022).
Otras de las afectaciones reportadas a las áreas protegidas de la Amazonía y a sus servidores públicos se encuentran los accidentes por Minas Anti Personal (MAP), la retención ilegal, los homicidios, los atentados contra el personal o los bienes y el desplazamiento forzado de funcionarios (Botero et al, 2019) (leer más).
En las once áreas protegidas es posible encontrar grupos como el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC-EP.
Fuente
Fuente: Elaboración propia FCDS (2024).
Expulsión de funcionarios de áreas protegidas en la Amazonía colombiana
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Áreas protegidas con expulsión de funcionarios
Bosque no bosque
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Bosque estable
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Bosque no estable
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Deforestación
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Sin información














Actividades ilícitas y presencia de actores armados ilegales en los PNN
Fuente
AMEM: Área de Manejo Especial de la Macarena.
Fuente: 1, 2 Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en Tarazona (2023). 3 Molina y Velásquez (2020). 4 Acuña (2019). 5 Neira (2019). 6 Organización Colparques (2024).
Área protegida | Grupos al margen de la ley | Cultivos de uso ilícito) | Ganadería ilegal | Minería ilegal | Tráfico ilegal de madera | Reportes de hostigamiento a funcionarios |
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Delitos ambientales
La falta de gobernabilidad en la región facilita las actividades ilegales y el establecimiento de una economía basada en el uso de los recursos naturales. El tráfico de maderas, el tráfico de especies silvestres, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y el tráfico de drogas son algunos de los delitos que se cometen.
Tráfico de maderas
Según el IDEAM, el tráfico de madera ha sido responsable de alrededor del 10% de la deforestación en Colombia. La extracción ilegal es más común en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, donde se comercializaron 359 mil metros cúbicos de madera en pie entre 2012 y 2017. En estos mismos departamentos, el tráfico de madera causó la pérdida de alrededor de 144 mil hectáreas de bosque en 2017 (Environmental Investigation Agency, 2019).
Sin embargo, en un informe reciente, InSight Crime (2023) reportó la tala ilegal de madera en la región de triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Allí, una operación multinacional busca maderas duras, como sangretoro (Virola calophylla), achapo (Cedrelinga catenaeformis) y cedro (Cedrela odorata). Los árboles son talados en lugares como Iquitos, en el PNN Yaguas y Caballococha (en Perú) y en Tarapacá y el PNN Amacayacu (Colombia) y son transportados a aserraderos (como los ubicados sobre el río Putumayo o en la ciudad de Islandia, Perú) para ser convertidos en tablones y exportarlos a ciudades como Bogotá o Lima, o a países como Estados Unidos y China. Este proceso implica conseguir (o eludir) permisos para la tala y el transporte, además de la participación de aserradores e intermediarios.

En áreas impactadas por la tala de árboles, redes criminales están involucradas en la extracción ilegal, transporte y venta de especies maderables (incluyendo algunas en peligro de extinción como el abarco, la caoba y el cedro), que a veces llegan a los mercados internacionales (FCDS, 2021).
Fuente: FCDS.
La mayor cantidad de madera se extrae en los municipios de Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Leguízamo (Putumayo), Solano (Caquetá) y Tarapacá (Amazonas), con una cantidad de más de 194 mil metros cúbicos (unas 9.700 tractomulas cargadas). Esta madera es transportada principalmente a Bogotá, Cali, Villavicencio, Bucaramanga y Neiva (Environmental Investigation Agency, 2019).
Fuente
Fuente: (Environmental Investigation Agency, 2019).
Principales zonas de extracción de madera y volúmenes
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Áreas protegidas SPNN
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Ley 2da. de 1959
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Resguardos indígenas
Puntos de extracción de madera, volumen en metros cúbicos (m3)
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Orito
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14.070,1 m3
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Puerto Alegría
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8148,97 m3
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Puerto Asís
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26.292,39 m3
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Mocoa
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6647,68 m3
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Villagarzón
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23.300,08 m3
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Puerto Guzmán
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19.703,2 m3
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Curillo
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14.640,18 m3
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Florencia
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9584,2 m3
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Milán
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3644,93 m3
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Cartagena del Chairá
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81.484,72 m3
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-
San Vicente del Caguán
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24.228,25 m3
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Solano
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35.657,46 m3
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Puerto Leguízamo
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51.199 m3
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Puerto Alegría
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2972,77 m3
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Tarapacá
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26.316,83 m3
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Leticia
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999,8 m3
-
























El 47 % de la madera comercializada en Colombia es ilícita y se extrae sin tener en cuenta la protección de los ecosistemas o la población. El Achapo (Cedrelina catenaeformis), el Sangretoro (Virola sebifera) y el Perillo (Couma macrocarpa) están entre las 184 especies comercializadas, según la Environmental Investigation Agency (2019).

Achapo
iNaturalist (2024 a).

Sangretoro
iNaturalist (2024 b).

Perillo
iNaturalist (2024 c).
También se registran altos niveles de extracción de madera en las fronteras de la Amazonía colombiana. Por ejemplo, en el primer semestre de 2024, el Ejército Nacional decomisó 261 metros cúbicos de madera producto de la tala ilegal.

El cedro (Cedrela odorata) es otra especie comercializada ilegalmente por la calidad de su madera. Su extracción está prohibida en Colombia desde 2015 y hasta 2025; sin embargo, la cuenca del río Yaguas es, según la Environmental Investigation Agency (2019), donde más se extrae.
Funte: iNaturalist (2024 d).
Tráfico de especies silvestres
Es un negocio rentable que incluye el comercio de aves, reptiles, anfibios, felinos, primates y peces ornamentales que son transportados y comercializados en mercados urbanos nacionales o vendidos a comerciantes de todo el mundo (Instituto Igarapé - Insight Crime, 2021).

Avistamiento Mico titi (Saimiri cassiquiarensis).
Fuente: FCDS.
Entre 2018 y 2022 en toda Colombia se incautaron 1.584 individuos pertenecientes a 11 órdenes, 29 familias, 51 géneros y 79 especies (Bonilla-Liberato, 2024). Para siete departamentos de la Amazonía Colombiana (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, y Vichada) dichas incautaciones comprendieron 197 individuos de 19 especies, principalmente lapa (Cuniculus paca), chigüiro o capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), pecarí (Pecari tajacu), armadillo o cachicamo sabanero (Dasypus sabanicola) y armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus).
Fuente
Fuente: Elaborado a partir de Bonilla-Liberato (2024).
Ganadería
En la Amazonía colombiana se presentan macrocontextos de acaparamiento de tierras, los cuales están asociados a procesos de praderización que presionan las áreas protegidas (leer más). En algunos parques, como el Tinigua, la presencia de ganadería afecta su objeto de conservación.

El fuego es la principal herramienta para adquirir tierras baldías de la Nación que fueron deforestadas para establecer hatos ganaderos en la Amazonía colombiana.
Fuente: FCDS.
Minería ilegal
Se presenta en varias áreas naturales protegidas entre ellas el PNN Amacayacu, PNN Cahuinarí y PNN Río Puré y en 16 territorios indígenas (Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los impactos de la minería de oro, 2021). Para la extracción del oro en particular, la minería causa problemas muy graves en la salud de los habitantes, dada la contaminación por el uso de mercurio (leer más).

Balsa minera con buzo sobre el río Inírida, uno de los cuatro tipos de infraestructura que se utilizan en la Amazonia colombiana para la extracción ilegal de oro.
Fuente: Sobrevuelo FCDS, 2024.
La Amazonía colombiana no ha sido ajena a la guerra y se convirtió en una víctima más.
El acaparamiento de recursos naturales y el incremento de actividades económicas ilegales como los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, son factores que incentivan cada vez más la degradación ambiental y de paso, recrudecen la violencia contra organizaciones y comunidades que protegen los bosques.