En la Amazonía colombiana existen dos zonas con notoria acumulación de sedimentos conocidas como cuencas sedimentarias: Vaupés-Amazonas y Caguán-Putumayo, ambas con potencial de petróleo y gas. La cuenca Vaupés-Amazonas está ubicada en el sur de Colombia y es la segunda más grande, con 15,5 millones de hectáreas. A pesar de su extensión y potencial no ha sido muy explorada y se calcula que podría contener hidrocarburos en rocas del Paleozoico y gas asociado a carbón del Neógeno. Sus zonas más prometedoras se localizan al noroeste, cerca de los Llanos Orientales, y al sureste, en inmediaciones de Leticia, conectadas geológicamente con áreas productoras de Brasil (ANH, 2009a).

Por su parte, la cuenca Caguán-Putumayo, situada en el suroeste del país, entre la Serranía de la Macarena y la frontera con Ecuador, es la más productiva, con 11 millones de hectáreas. Registra descubrimientos de petróleo (365 millones de barriles), 30 campos petroleros y gas (305 giga pies cúbicos estándar, GPCS). Sus principales yacimientos se encuentran en la Formación Caballos así como en Villeta y Pepino, con trampas naturales que permiten su acumulación (ANH, 2009b). Aunque su producción actual no es de las más altas del territorio nacional, el interés de empresas como Ecopetrol y Gran Tierra Energy ha aumentado tras el Acuerdo de Paz, pues abrió oportunidades en zonas antes afectadas por el conflicto armado. La actividad se concentra principalmente en municipios como Puerto Asís, Orito y Villagarzón (Suárez, 2019).

En el bioma amazónico la actividad hidrocarburífera se desarrolla en 30 municipios de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cauca, Meta y Nariño, en una extensión de 2.781.354 hectáreas, de las cuales el 78,2 % se encuentra en fase de exploración, el 8,4 % en producción y el 13,4 % en Contrato de Evaluación Técnica (TEA por sus siglas en inglés) (Red Amazónica de Información Socioambiental [RAISG], 2024).

Por muchos años, el interés para la industria petrolera se ha enfocado en Putumayo donde se registran un total de 42 bloques licenciados o áreas para explotar (RAISG, 2024). La extensión de territorio dedicado a esta actividad es de 1.225.779 hectáreas: 82,8 % en fase de para exploración y 13,5 % en fase de explotación y 4,2 % en Contrato de Evaluación Técnica. La mayor extensión para la exploración se realiza en el municipio de Puerto Guzmán (345.964 ha), seguido por Puerto Asís (211.092 ha), Puerto Leguízamo (142.807 ha) y Villagarzón (97.962 ha). Para la producción los municipios con mayor área dedicada a esta actividad son Puerto Asís (59.794 ha), Orito (48.455 ha), Puerto Caicedo (16.339 ha) y Villagarzón (13.959 ha) (ANH, 2025).

En 2024, la producción petrolera en los municipios del Putumayo alcanzó los 8.826.427 barriles. Villagarzón aportó el 34,4 %, seguido de Puerto Asís con el 32,4 % y Orito con el 19,5 %. La mayor parte de esta producción proviene de los campos Costayaco y Cohembi, operados por Gran Tierra Energy Colombia en Villagarzón y Puerto Asís, respectivamente (ANH, 2024). Teniendo en cuenta este panorama, es posible identificar la operación de nueve empresas en el Departamento: Amerisur Exploración Colombia Limited, Ecopetrol S.A., Emerald Energy Plc, Frontera Energy Colombia Corp., Gran Tierra Colombia Inc, Gran Tierra Energy Colombia Gmbh, Orion Energy Ocanopb S.A., Petro Caribbean Resources Ltd y Petroamazonas EP (RAISG, 2024).

Las actividades extractivas en la Amazonía suelen traslaparse o extenderse hacia las áreas de conservación y ordenamiento como: parques nacionales, reservas forestales, resguardos indígenas, Zonas de Reserva Campesina y territorios de comunidades negras. Esta superposición genera conflictos socioambientales asociados a disputas por el ordenamiento territorial, la gobernanza y el cambio en los usos del suelo, lo que refleja tensiones entre modelos de desarrollo y conservación, con impactos que se proyectan en el corto, mediano y largo plazo (FCDS, 2025).

En el Putumayo, se han identificado traslapes entre bloques de hidrocarburos licenciados y 129 resguardos indígenas en municipios como Puerto Guzmán, Villagarzón, Orito y Puerto Asís. Respecto a áreas protegidas, se registran traslapes con el Parque Nacional Natural La Paya (1.789 hectáreas). Además, la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, establecida por la Ley 2ª de 1959, presenta 2.330.537 hectáreas con bloques petroleros (RAISG, 2024). Sumado a esto, se estima que 259.135 hectáreas sustraídas de esta reserva —proceso regulado por la Resolución 110 de 2022— coinciden con dichos bloques para permitir el desarrollo de proyectos (FCDS, 2025).

En la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica hay 5.918 hectáreas con bloques de hidrocarburos, mientras que en los territorios de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras la extensión es de 412 hectáreas (FCDS, 2025).

La perforación de pozos en la Amazonía trae consigo riesgos como la contaminación del agua, la deforestación y el daño a los ecosistemas. Los derrames de petróleo, que ocurren con frecuencia, afectan tanto a la fauna como a las comunidades locales. Por esta razón, muchas de ellas se oponen a esta actividad y han impulsado protestas y demandas para detenerla o exigir un mayor control (FCDS, 2025).

La actividad hidrocarburífera facilita la ocurrencia de delitos ambientales que comprometen la integridad ecológica y los derechos colectivos. Entre los más recurrentes se encuentran la contaminación por derrames que afecta a ríos y suelos esenciales para la subsistencia indígena; los daños a los recursos naturales, evidenciados en la pérdida de biodiversidad y la fragmentación de ecosistemas por infraestructura extractiva; el manejo inadecuado de residuos peligrosos, que expone a fuentes hídricas y suelos a compuestos tóxicos; la quema de gas natural (gas flaring), que libera dióxido de carbono y metano, intensificando el cambio climático y afectando la salud; y la omisión de la consulta previa como derecho fundamental colectivo que genera conflictividad social. Estos delitos no solo ocasionan impactos ambientales irreversibles, sino que también amenazan la pervivencia cultural de los pueblos amazónicos.

En el Putumayo, entre 1986 y 2021 se reportaron más de 1.100 explosiones de tubería por atentados contra la infraestructura hidrocarburífera (Guerrero-Useda, 2021) y en el periodo comprendido entre 2015 y 2022, se presentaron 98 incidentes de hidrocarburos (Tarazona, 2022). Uno de ellos fue el derrame de 130 mil galones de crudo que sucedió en 2015 como resultado de un ataque de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en Puerto Asís, donde se vieron afectados nueve humedales de la región (Crudo transparente, 2019).

Entre 2021 y 2023 fueron radicadas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, 57 solicitudes (petición, queja, reclamo o sugerencia) relacionadas con el sector de hidrocarburos en el Putumayo, principalmente en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito y Villa Garzón. De igual forma, entre enero de 2019 y diciembre de 2023 se radicaron de nuevo otras 49 denuncias por infracciones ambientales del sector hidrocarburos también en Putumayo (ANLA, 2024).

Entre las comunidades indígenas que más se han visto afectadas por los impactos de la actividad se encuentran los pueblos Siona, en Puerto Asís y Puerto Leguízamo, e Inga, en Villagarzón dado que enfrentan la contaminación de ríos como el Piñuña Blanco y el Mansoyá, además del Caño Singuiya, sagrado para los Siona. También se ven afectados otros sitios como la quebrada Danta Iaku, esencial para el pueblo Inga como fuente de agua, camino ancestral y corredor de especies nativas. En general, la contaminación por la actividad hidrocarburífera afecta su espacio vital para la pesca, la agricultura de chagras y ritualidades como el yagé (Puentes, 2025).

Como consecuencia los representantes de estas y de otras comunidades igualmente afectadas, han adelantado procesos jurídicos para garantizar la protección de sus derechos colectivos, muchos de los cuales cuentan con fallos judiciales que no se han cumplido. Entre los principales aspectos denunciados se encuentran la falta de acatamiento en el desarrollo de las consultas previas, libres e informadas y el reporte de infracciones ambientales.

En este sentido, algunos contratos petroleros han vulnerado los derechos y libertades fundamentales de las comunidades indígenas, por ejemplo, en los campos de Quillacinga, Curiquinga y Piñuña (municipio de Puerto Asís en Putumayo), el Consorcio Colombia Energy no llevó a cabo las consultas previas para la exploración y la explotación petrolera, ya que el Ministerio de Interior certificó que en la zona de influencia no existía ningún pueblo étnico. La realidad es que sí hay comunidades indígenas (pueblo Awá), como quedó señalado en la Sentencia SU123 del año 2018 (Corte Constitucional, 2018).

Una situación similar también se presentó en el bloque petrolero El Nogal (municipios de Morelia y Valparaíso, Caquetá). Allí se asignaron a la Empresa Emerald Energy Plc Colombia 48 bloques de exploración, que corresponden a cerca de 5,6 millones de hectáreas (equivalentes al 62% de la extensión del Departamento). Dicha empresa ha aprovechado la omisión por parte de la institucionalidad municipal, departamental y nacional, no ha realizado los procesos de consentimiento previo, libre e informado con las comunidades campesinas, y ha hecho caso omiso a las peticiones recibidas por los pobladores, implementando el proyecto con el uso de la fuerza (Rojas-Bahamón et al, 2022; Lombana, 2020). Otro caso se presentó también en el proyecto petrolero sobre el Bloque PUT-1 (Proyecto APE-La Cabaña) en donde excluyeron a comunidades Inga en el licenciamiento ambiental, lo que vulnera sus derechos fundamentales (Amazon Watch, 2023).

La actividad hidrocarburífera genera, además, otros impactos que no solo afectan a los pueblos étnicos sino a las comunicades campesinas allí asentadas como la transformación territorial por la remoción de materiales para la construcción de vías no planificadas, instalaciones y pozos que, influyen de manera negativa en los sistemas social y ambiental.

La violencia armada también es un factor adicional que genera impactos negativos. Actores ilegales como los Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez disputan corredores estratégicos donde operan petroleras, imponiendo confinamientos, desplazamientos y reclutamiento forzado. Solo en 2023, 714 personas y 264 familias del pueblo Siona fueron confinadas o desplazadas, pese a medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2018) y la declaratoria de riesgo de exterminio físico y cultural de la Corte Constitucional desde 2009 (Revista RAYA, 2023).

Precisamente en Putumayo, el desarrollo de la actividad genera tensiones de poder entre los diferentes actores sociales que buscan, entre otras, participar en la toma de decisiones respecto al uso de recursos naturales como bienes públicos y hacer parte activa de la planificación territorial y de la construcción de políticas públicas. Estas tensiones han resultado en amenazas y asesinatos a líderes sociales (afrodescendientes, campesinos, líderes cívicos y comunales e indígenas). Por ejemplo, en 2005 en Puerto Asís un líder que detectó la situación de contaminación hídrica y se convirtió en vocero de las 63 veredas, dos resguardos y cinco cabildos resultó asesinado. En este mismo municipio, en 2014 durante un paro cívico ocurrió el asesinato de un líder social y 48 personas resultaron heridas durante la jornada (SINCHI, 2022). La situación de orden público para los líderes sociales de este departamento durante los últimos años se ha tornado más compleja, tanto es así que entre 2023 y 2024, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz reportó el asesinato de 61 personas (entre ellas cuatro mujeres) en diez municipios del departamento.