En la Amazonía colombiana existen dos cuencas sedimentarias Caguán-Putumayo y Vaupés-Amazonas, que por sus características geológicas albergan una cantidad considerable de hidrocarburos que pueden mantenerse por un largo período de tiempo.

Por muchos años, esta dinámica geológica ha sido de interés para la industria petrolera, que se ha enfocado en el territorio del piedemonte amazónico, en donde 4.395.567 hectáreas se encuentran dedicadas a la actividad hidrocarburífera: 79% se encuentra en exploración, 10,4% en producción y 10,2% en Acuerdo de Evaluación Técnica.

En el piedemonte amazónico operan diez empresas de hidrocarburos a través de 113 contratos petroleros en diferentes etapas. De los 82 contratos que han sido adjudicados para la exploración y la producción, el 68% se desarrolla en el Putumayo y el 32% en el Caquetá, principalmente en las cuencas de los ríos Putumayo, Caquetá, San Miguel, Cencella y Mecaya.

De todo el piedemonte amazónico es hacia el norte y occidente del Putumayo, en donde existen más zonas de interés petrolero: 17 áreas disponibles, 27 proyectos en fase de exploración (30 millones de hectáreas en exploración o con potencial) y 10 bloques en fase de explotación. En este departamento, en 2021 se registró la sexta producción acumulada más alta del país, con 7.652.042 barriles de petróleo (Asociación Ambiente y Sociedad, 2022).

La industria petrolera ha sido uno de los principales ejes de la economía que ha configurado el piedemonte amazónico, el cual se asocia con las disputas por el acceso y control de los recursos naturales en esta región. El Putumayo, específicamente, es considerado un clúster de conflictividad, por la presencia de grupos al margen de la ley, el incremento de cultivos de uso ilícito (coca) y las explotaciones activas de hidrocarburos. A esto se suma la ausencia de entidades del Estado debido a la falta de garantías de seguridad para el actuar institucional.

La proyección, realizada por la ANH en su mapa de tierras, delimita en el piedemonte amazónico bloques petroleros para exploración, producción y evaluación técnica, que coinciden con territorios de 59 comunidades indígenas en los departamentos de Putumayo y Caquetá.

Así mismo, algunos bloques de exploración proyectados por la ANH afectan áreas protegidas, como es el caso del PNN La Paya, no porque se realicen actividades hidrocarburíferas en su interior, sino por la pérdida de cobertura de bosque denso que se presenta en la parte alta de las cuencas hidrográficas que el parque protege (como la del río Mecaya), ocasionando contaminación y cambiando la vocación del suelo.

En el Putumayo, entre 1986 y 2021, se reportaron más de 1.100 explosiones de tubería por atentados contra la infraestructura hidrocarburífera (Guerrero-Useda, 2021) y entre 2015-2022, se presentaron 98 incidentes de hidrocarburos. Uno de ellos fue el derrame de 130.000 galones de crudo que sucedió en 2015 como resultado de un ataque de las FARC en Puerto Asís, donde se vieron afectados nueve humedales de la región y varias familias (incluyendo algunas de la comunidad nasa).

La actividad hidrocarburífera genera, además, transformación territorial por la remoción de materiales para la construcción de vías no planificadas, instalaciones y pozos, que impacta todo el sistema social y ambiental.

Las acciones legales han ido aumentando en el Putumayo, como las interpuestas por los pueblos indígenas Inga (municipio de Villagarzón) y Siona (municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo) debido a la contaminación de los ríos que es generada por los proyectos petroleros. Esta situación ha llevado a procesos jurídicos para garantizar la protección de los derechos colectivos, muchos de los cuales cuentan con fallos judiciales que no se han cumplido.

Algunos contratos petroleros han vulnerado los derechos y libertades fundamentales de comunidades:

• En el bloque petrolero El Nogal (municipios de Morelia y Valparaíso, Caquetá) se asignaron 48 bloques de exploración (cerca de 5,6 millones de ha, equivalente al 62% de la extensión del departamento) a la Empresa Emerald Energy Plc Colombia. La empresa, sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades campesinas, y con omisión por parte de la institucionalidad municipal, departamental y nacional, empezó a desarrollar el proyecto. Como respuesta a las peticiones de las comunidades, Emerald Energy ha hecho uso de la fuerza para implementarlo (Rojas-Bahamón, Arbeláez-Campillo, & Olha Ivanivna, 2022, pág. 7; Lombana, 2020, págs. 83 - 84).

• En los campos de Quillacinga, Curiquinga y Piñuña (municipio de Puerto Asís, Putumayo), el Consorcio Colombia Energy no llevó a cabo las consultas previas para la exploración y la explotación petrolera, ya que el Ministerio de Interior certificó que en la zona de influencia no existía ninguna comunidad indígena, cuando sí las hay, como quedó señalado en el 2018 en la Sentencia SU123/18 (Corte constitucional, 2018).

Por otra parte, entre el 2021 y el 2023 fueron radicadas ante el ANLA 57 solicitudes (petición, queja, reclamo o sugerencia - PQRS) relacionadas con el sector de hidrocarburos en el Putumayo, principalmente en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito y Villa Garzón. Así mismo, ante esta misma autoridad ambiental, entre enero de 2019 y diciembre de 2023 se radicaron 49 denuncias por infracciones ambientales del sector hidrocarburos en el departamento del Putumayo.

Precisamente en este departamento, el desarrollo de la actividad genera tensiones de poder entre los diferentes actores sociales que buscan, entre otras, participar en la toma de decisiones respecto al uso de recursos naturales como bienes públicos y hacer parte activa de la planificación territorial y de la construcción de políticas públicas. Estas tensiones han resultado en amenazas de líderes sociales. Tan solo en el municipio de Puerto Asís (corredor Puerto Vega-Teteyé) varias personas han perdido la vida (SINCHI, 2022).