En la Amazonía colombiana existen seis cuencas sedimentarias -del Apaporis, del Caguán, del Caquetá, del Putumayo, del Vaupés y Yarí.- que contienen importantes depósitos de hidrocarburos, como petróleo y gas natural. Dos de estas, Caguán-Putumayo y Vaupés-Amazonas, tienen características geológicas especiales que les permiten retener una cantidad significativa de hidrocarburos durante largos períodos de tiempo.

Por muchos años, esta dinámica geológica ha sido de interés para la industria petrolera, que se ha enfocado en el territorio del piedemonte amazónico, en donde 5 millones 242 mil 888 hectáreas se encuentran dedicadas a la actividad hidrocarburífera: 71,4 % están en exploración, 7,4 % en producción y 21,3 % en acuerdo de evaluación técnica (TEA, por sus siglas en inglés) (ANH, 2024).

En el piedemonte amazónico, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, operan diez empresas a través de 71 contratos petroleros en diferentes etapas. De los 68 contratos que han sido adjudicados para la exploración y la producción, el 55,9 % se desarrolla en el Putumayo y el 23,5 % en el Caquetá, principalmente en las cuencas de los ríos Putumayo, Caquetá, San Miguel, Cencella y Mecaya. Los tres contratos restantes se encuentran en Caquetá y Putumayo bajo la figura de evaluación técnica.

Hacia el norte y occidente del Putumayo existen más zonas de interés petrolero: 17 áreas disponibles, 27 proyectos en fase de exploración (30 millones de hectáreas en exploración o con potencial) y 10 bloques en fase de explotación. En este Departamento, en 2021 se registró la sexta producción de hidrocarburos acumulada más alta del país, con 7 millones 652 mil 042 barriles de petróleo (Asociación Ambiente y Sociedad, 2022).

Si bien es cierto que la industria petrolera ha sido uno de los principales ejes de la economía que ha configurado el piedemonte amazónico, esta se asocia con las disputas por el acceso y control de los recursos naturales en esta región. El Putumayo, específicamente, es considerado un clúster de conflictividad por la presencia de grupos al margen de la ley, el incremento de cultivos de uso ilícito (coca) y las explotaciones activas de hidrocarburos. A esta situación se suma la baja gobernabilidad debido a la ausencia de entidades del Estado por las pocas garantías de seguridad para el actuar institucional.

De acuerdo con la información espacial de la ANH, se encuentra que en la zona del piedemonte amazónico se ubican bloques petroleros tanto en fase de exploración, producción como de evaluación técnica. Al efectuar un análisis respeto con relación a resguardos indígenas, se pudo establecer que distintos bloques coinciden con territorios de 59 comunidades indígenas en los departamentos de Putumayo y Caquetá.

Algunos de los bloques de exploración proyectados por la ANH afectan además áreas protegidas, como el PNN La Paya, no porque se realicen actividades hidrocarburíferas en su interior, sino por la pérdida de cobertura de bosque denso que se presenta en la parte alta de las cuencas hidrográficas que protegen el parque (como la del río Mecaya), ocasionando contaminación y cambiando la vocación del suelo.

En el Putumayo, entre 1986 y 2021 se reportaron más de 1.100 explosiones de tubería por atentados contra la infraestructura hidrocarburífera (Guerrero-Useda, 2021) y en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2022, se presentaron 98 incidentes de hidrocarburos (Tarazona, 2022). Uno de ellos fue el derrame de 130 mil galones de crudo que sucedió en 2015 como resultado de un ataque de las FARC en Puerto Asís, donde se vieron afectados nueve humedales de la región y varias familias, incluyendo algunas de la comunidad Nasa (Crudo transparente, 2019).

La actividad hidrocarburífera genera, además, transformación territorial por la remoción de materiales para la construcción de vías no planificadas, instalaciones y pozos, que impacta todo el sistema social y ambiental.

Como consecuencia, las acciones legales han ido aumentando en el Putumayo, como las interpuestas por los pueblos indígenas Inga (en Villagarzón) y Siona (en Puerto Asís y Puerto Leguízamo) debido a la contaminación de los ríos que es generada por los proyectos petroleros. Esta situación ha llevado a procesos jurídicos para garantizar la protección de los derechos colectivos, muchos de los cuales cuentan con fallos judiciales que no se han cumplido.

Algunos contratos petroleros también han vulnerado los derechos y libertades fundamentales de las comunidades, por ejemplo, en el bloque petrolero El Nogal (municipios de Morelia y Valparaíso, Caquetá). Allí se asignaron a la Empresa Emerald Energy Plc Colombia 48 bloques de exploración, que corresponden a cerca de 5,6 millones de hectáreas (equivalentes al 62% de la extensión del departamento). Dicha empresa ha aprovechado la omisión por parte de la institucionalidad municipal, departamental y nacional, no ha realizado los procesos de consentimiento previo, libre e informado con las comunidades campesinas, y ha hecho caso omiso a las peticiones recibidas por los pobladores, implementando el proyecto con el uso de la fuerza (Rojas-Bahamón et al, 2022; Lombana, 2020).

De igual manera, en los campos de Quillacinga, Curiquinga y Piñuña (municipio de Puerto Asís en Putumayo), el Consorcio Colombia Energy tampoco llevó a cabo las consultas previas para la exploración y la explotación petrolera, ya que el Ministerio de Interior certificó que en la zona de influencia no existía ninguna comunidad indígena. La realidad es que sí hay comunidades indígenas (pueblo Awá), como quedó señalado en la Sentencia SU123 del año 2018 (Corte constitucional, 2018).

Por otra parte, entre el 2021 y el 2023 fueron radicadas ante el ANLA 57 solicitudes (petición, queja, reclamo o sugerencia - PQRS) relacionadas con el sector de hidrocarburos en el Putumayo, principalmente en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito y Villa Garzón. De igual forma, ante esta misma autoridad ambiental, entre enero de 2019 y diciembre de 2023 se radicaron 49 denuncias por infracciones ambientales del sector hidrocarburos también en Putumayo (ANLA, 2024).

Precisamente en este departamento, el desarrollo de la actividad genera tensiones de poder entre los diferentes actores sociales que buscan, entre otras, participar en la toma de decisiones respecto al uso de recursos naturales como bienes públicos y hacer parte activa de la planificación territorial y de la construcción de políticas públicas. Estas tensiones han resultado en amenazas y asesinatos a líderes sociales (afrodescendientes, campesinos, líderes cívicos y comunales, e indígenas). Por ejemplo, en 2005 en el municipio de Puerto Asís un líder que detectó la situación de contaminación hídrica y se convirtió en vocero de las 63 veredas, dos resguardos y cinco cabildos resultó asesinado. En este mismo municipio, en 2014 durante un paro cívico ocurrió el asesinato de un líder social y 48 personas resultaron heridas durante la jornada (SINCHI, 2022). La situación de orden público para los líderes sociales de este departamento durante los últimos años se ha tornado más compleja, tanto es así que entre 2020 y 2024 Indepaz reportó el asesinato de 61 personas (entre ellas cuatro mujeres) en diez municipios del departamento.